Las cédulas llevan la firma del comisario Cristian Runque y en ellas se hace mención a un expediente judicial (70732/20) tramitado en el Juzgado de Instrucción Nº3, a instancias de una denuncia radicada por Oscar Jara, quien afirma ser el legítimo propietario de estas parcelas, donde además funciona un merendero y un vivero comunitario.
Ante esta situación, los vecinos del barrio se reunieron de manera urgente, para analizar los pasos a seguir, ya que aseguran que más allá de esta cédula policial, nunca fueron notificados por la justicia, al tiempo que advierten “irregularidades y actitudes reprochables” por parte del comisario firmante y del juez Fernando Verón, quien es titular del Juzgado en cuestión.
“Hay una connivencia absoluta entre el juez Verón, la comisaría y la persona que viene a querer apropiarse del lugar donde vivimos y vivieron nuestros abuelos desde hace más de 50 años”, advirtió una de las referentes barriales del Patotí, Mirian del Rosario.
Los lotes de los cuáles pretenden desterrar a los habitantes se encuentran sobre avenida Urquiza entre Lavalle y Gómez Portiño. Los vecinos que recibieron la notificación, son conocidos por su antigüedad en la zona. Uno de ellos es Jorge Ramón Franco, quien, con 52 años de residencia, cuenta que “estamos acá desde que la avenida Urquiza era de tierra, acá no habían casas prácticamente, y ahora que hay asfalto, que está la costanera cerca y esto cobró valor, vienen una persona a decir que esto le pertenece y pretende dejarnos en la calle”.
“El año pasado esta persona irrumpió de madrugada, con suma violencia y acompañada de otros hombres, a intentar destruir el merendero y el vivero. Pese a que denunciamos el hecho, la comisaría 16ª nunca hizo nada y en marzo de este año, el propio juez Verón llegó hasta acá e hizo mediciones como si fuera un agrimensor, pero no quiso informarnos a qué se debía su presencia. Todo esto nos parece muy turbio”, señalaron los vecinos.
Otra de las vecinas afectadas, Noemí Benítez, recordó además que “nosotros contamos con el certificado de Vivienda Familiar expedido en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), política pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde donde aseguran que “el Certificado de Vivienda Familiar sirve para acreditar domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad pública nacional, provincial, municipal o empresa privada que lo solicite”.
“Las viviendas comprendidas en el RENABAP no pueden ser desalojadas”, explicaron con claridad desde el programa.
Incluso, para aquellas viviendas que no han sido incluidas en este registro, los desalojos sólo pueden llevarse a cabo a partir de una orden judicial escrita, efectuada por el juez que esté encargado de un proceso judicial que solicite la expulsión del terreno. Los desalojos sin orden judicial están prohibidos y constituyen un delito (art. 150 CP). Este es el caso de lo que está ocurriendo en el barrio Patotí, donde no existe notificación judicial – sino una cédula policial- con el agravante de que se trata de espacios ya incluidos en el RENABAP, por lo que un hipotético desalojo incurriría en graves violaciones a la ley.
“Estamos en alerta, queremos que todos los vecinos de Posadas, los concejales y las autoridades nacionales sepan lo que está ocurriendo e intercedan. En estos años vimos pasar a muchos supuestos dueños que intentaron quedarse con terrenos gracias a la complicidad de fiscales, jueces y la policía; este no es el primer caso y vamos a resistir” manifestaron los vecinos.
