Según Fouce, los problemas comenzaron cuando Bencivenga decidió equipar sus unidades con aire acondicionado, una medida que generó tensiones y conflictos con las otras empresas. En septiembre de 2020, Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA) anunció la licitación de los servicios de Bencivenga para dentro de dos años, permitiendo la participación de otras empresas interesadas.
Bencivenga, con 80 unidades en su flota, presentó todas las inversiones realizadas y cumplió con las regulaciones del Estado, esperando la prórroga de sus servicios por 30 años. Sin embargo, no se materializó, y el vencimiento en junio del año pasado se vio afectado por la suspensión del pago del fondo provincial, a solicitud del Gobierno provincial.
Desde octubre de 2022, el fideicomiso que respaldaba a Bencivenga no fue pagado, a pesar de más de 20 notas presentadas sin recibir respuestas claras del Ministerio de Hacienda. Esta falta de financiamiento llevó a la empresa a buscar financiamiento externo para mantener sus servicios, pero ahora enfrenta dificultades para pagar salarios y cubrir gastos operativos.
En medio de la falta de fondos, la empresa se encuentra en una situación crítica. Juan Manuel Fouce expresó su preocupación por la imposibilidad de participar en el proceso licitatorio en estas condiciones.
Con 100 empleados directos y 250 familias dependiendo directa e indirectamente de Bencivenga, la situación es grave. Fouce señaló que la empresa luchará por mantener las fuentes laborales, pero la falta de fondos dificulta enormemente continuar con los servicios.
Se reveló que el 70% de los ingresos de Bencivenga provienen del fideicomiso del año 2007, y la falta de pago afecta severamente su estabilidad financiera. Además, se cuestionó la gestión de Sistemas Urbanos S.A. (SUSA), que retiene el 7% de los fondos compensadores y se negó a proporcionar información sobre la renovación tecnológica del sistema SUBE misionero.
Juan Manuel Fouce concluyó la entrevista instando a una intervención inmediata por parte del gobierno provincial. Señaló que el llamado a licitación sin el pago del fideicomiso es indicativo de la falta de intención de pago, y advirtió sobre las graves consecuencias de desfinanciar y dejar a 100 empleados en la calle.
