POSADAS. Tras conocerse la denuncia pública del Movimiento de Acción Vecinal, respecto de la carencia de puntos de recarga de las tarjetas SUBE Misionero y la falta de nuevas máquinas de recarga, desde 2020, el Defensor del Pueblo y funcionario oficialista de la Renovación K, Alberto Penayo sostuvo que está imposibilitado de acompañar el reclamo si “los vecinos no traen su demanda” colectiva, con la documentación pertinente.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, el funcionario renovador sostuvo que no tiene problemas en acompañar una demanda contra la empresa Servicio Urbanos SA -una subsidiaria del Grupo Zbikoski-, por los escasos puntos de recarga de las tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico Misionero y por la no llegada de máquinas para las recargas.

Este viernes, Penayo se refirió al problema de los escasos puntos de recarga SUBE, que terminan obligando a los usuarios a pagar en efectivo sumas mucho mayores a las que pagarían empleando las tarjetas manejadas por el Grupo Z, a través de Servicios Urbanos SA. “Nosotros tenemos una problemática básica que está vinculada a los procesos administrativos. Ninguna acción que el Defensor (del Pueblo) haga de oficio, y no esté la problemática que pueda plasmar en hechos o en documentación, es un problema para la Defensoría. Porque yo tengo una vía administrativa judicial”, sostuvo el funcionario oficialista.

“Yo no puedo cazar problemas en las redes sociales”

“En la etapa judicial, lamentablemente me ha pasado, que he llegado a la Justicia y me han dicho que el trámite administrativo o no está dotado o carece de la documentación que avala”, insistió Penayo, que parece estar atado de manos al momento de impulsar este reclamo que afecta a los intereses del Grupo Z, que obtiene réditos toda vez que los usuarios pagan el boleto en efectivo.

Para Penayo, el procedimiento de la Defensoría del Pueblo “es muy básica y esencial: la convocatoria de los vecinos o los vecinos traen su demanda. Y necesitamos, no se olviden que la representación es colectiva, y colectiva de oficio cuando estamos hablando de una incidencia colectiva, como por ejemplo en un problema ambiental. Pero acá necesitamos que los vecinos plasmen la demanda. Yo no puedo cazar problemas en las redes sociales. No me pueden pedir que vaya recorriendo las redes sociales a ver quién dijo qué. Necesitamos que haya también, una responsabilidad social de los vecinos. Y que lo plasmen en un acta”, puntualizó el funcionario renovador.

“La demanda es lícita, el problema evidentemente existe”

“La demanda es lícita. Tengo entendido que lo que se reclama son puntos necesarios para poder cargar la SUBE. Hay sistemas informáticos, hay App que ya están funcionando. Y hay muchos mecanismos disponibles. La carga no debería ser un problema. Pero el problema evidentemente existe”, admitió Penayo. Y aseguró: “Siempre estoy dispuesto a trabajar, en la medida en que se sigan los procedimientos administrativos”.

“En todas las acciones de la Defensoría se trabaja en base a lo que está establecido en la Carta Orgánica o en la ordenanza de aplicación”, cerró Penayo.

Cabe aclarar que este funcionario oficialista se refirió públicamente a los problemas que surgen para los usuarios del transporte urbano, cuando el grupo empresario que controla el 95% de las líneas de colectivos del Gran Posadas, también administra las Tarjetas SUBE y los puntos de recarga.