[vc_row][vc_column][vc_column_text]El director de Administración Descentralizada de la Municipalidad de Posadas, Alberto Penayo se sintió intimidado ante declaraciones de manifestantes. Sostuvo que buscará ayuda legal para que ratifiquen o rectifiquen sus declaraciones.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”125931″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]“Los hago responsables si me pasa algo. Escuché algo que verdaderamente no pensé, amenazar públicamente que me van a cortar la cabeza con un machete, me parece irracional”. Así resumió Alberto Penayo -director de Administración Descentralizada de la Municipalidad de Posadas- el impacto que le provocaron los dichos de integrantes del grupo “No al desentierro”, quienes protestaron el lunes frente al cementerio La Piedad.
El funcionario adelantó que consultará con abogados para que los manifestantes expresen si se mantienen en sus dichos o los rectifican. Penayo se refiere a una serie de ejemplos abstractos que dio una vocera del grupo, al comentar la dramática situación que atraviesan las personas que reclaman el descanso en paz de sus familiares fallecidos y se resisten al desentierro de sus restos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ordenanza ¿de la dictadura o la democracia?
La norma 118 fue instaurada en 1982, se aplica a las sepulturas en tierra para generar más espacios en el camposanto colapsado. Establece que los restos de muertos deben ser trasladados a urnas, luego de cinco años de su entierro. Esta medida provocó el rechazo de un sector de la población en Posadas, que se niega a la exhumación de sus familiares, denunció que se cometen irregularidades en el proceso de traslado y apuntó al intendente Joaquín Losada como responsable de la situación por no disponer de un cementerio nuevo en esta ciudad.
En ese sentido, Penayo desvinculó al jefe comunal de la cuestión, diciendo que la ordenanza fue gestada por el Concejo Deliberante, no por la intendencia. Asimismo descalificó las críticas de los detractores de la norma, quienes aseguran que fue creada durante la dictadura cívico militar que sufrió la Argentina, dejando miles de personas desaparecidas.
Penayo recordó que se trata de una ordenanza que fue escrita en el 82, pero aclaró que “se democratizó con el Digesto Jurídico”, que data del 2011.
Agregó que “no se realizan traslados compulsivos” y aseguró que la administración del cementerio tiene en cuenta la decisión que toman los familiares del difunto. “Si alguien no quiere (la exhumación) nadie va a tocar (la tumba)”, enfatizó.
Por otro lado, comentó que “desde marzo a agosto de este año se hicieron 3 mil traslados con las partes de acuerdo”. Añadió que “no se trata de una decisión que tomó un funcionario por idea propia” y volvió a respaldarse en el hecho de que está cumpliendo una ordenanza municipal.
El desentierro
Con respecto al procedimiento de la exhumación que desató todos los conflictos, Penayo señaló: “se rescatan las piezas óseas, se ponen en una bolsa orgánica de color rojo que sirve para preservar. Y, luego en la urna”. Reconoció que con el tiempo “puede pasar” que falten piezas, pero aseguró que “hasta ahora, no ocurrió”.
Finalmente, recomendó: “Quien no está de acuerdo (con las exhumaciones) tiene que hacer una presentación escrita” en el área administrativa del cementerio La Piedad, agregando que esta presentación pasará así al área jurídica correspondiente.
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