Provinciales

Es responsabilidad del Estado, “solucionar el problema del ocupante”

cargando anuncio

Lo advirtió el ex presidente del Colegio de Abogados, Martín Ayala, para quien “es un mito” la noción que indica que no se pueden efectuar desalojos a familias de ocupantes en situación de vulnerabilidad social. Según explicó el letrado, el procedimiento obliga al juez interviniente en un proceso de desalojo, dar aviso al Poder Ejecutivo, ante situaciones en las que los ocupantes con niños están en situación de indefensión y es el Ejecutivo –Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos-, el encargado de contener a las familias desalojadas. “No es responsabilidad del propietario, solucionar el problema habitacional del ocupantes, sí del Estado”, remarcó el abogado.

Es responsabilidad del Estado, “solucionar el problema del ocupante”

Lo advirtió el ex presidente del Colegio de Abogados, Martín Ayala, para quien “es un mito” la noción que indica que no se pueden efectuar desalojos a familias de ocupantes en situación de vulnerabilidad social. Según explicó el letrado, el procedimiento obliga al juez interviniente en un proceso de desalojo, dar aviso al Poder Ejecutivo, ante situaciones en las que los ocupantes con niños están en situación de indefensión y es el Ejecutivo –Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Derechos Humanos y otros organismos de asistencia-, el encargado de contener a las familias desalojadas. “No es responsabilidad del propietario, solucionar el problema habitacional del ocupantes, sí del Estado”, remarcó el abogado.POSADAS. En el contexto de las controversias que se registran en las últimas semanas por las usurpaciones de terrenos y los desalojos, algunos de suma violencia, el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Dr. Martín Ayala, sostuvo que es un “mito” la noción defendida por algunos funcionarios y diputados, que sostiene que no se pueden concretar desalojos cuando la familia ocupante, se encuentra en situación de vulnerabilidad o hay menores de por medio.

En diálogo con MisionesCuatro, Ayala desmintió los dichos del diputado provincial Martín Sereno respecto a este tema, al afirmar que “lo que ha establecido la justicia es que el desalojo se debe cumplir, pero si existen personas en situación de vulnerabilidad social, ancianos, personas con discapacidad, o niños, el juez debe comunicar (la situación) al Poder Ejecutivo, a través del área correspondiente: Dirección de Minoridad, de Discapacidad, en general que dependen del Ministerio de Desarrollo Social”, sostuvo Ayala, insistiendo en que la responsabilidad del juez es la de comunicar al Ejecutivo cuando hay desalojos en curso y las personas desalojadas entran dentro de la definición de vulnerabilidad social.

“El juez no tiene que esperar que le den una vivienda al niño o al anciano (a punto de ser desalojado), sino que tiene que comunicar al Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que tiene que actuar. Si el Ejecutivo no reacciona, lo que ha dicho la justicia es que ‘no es responsabilidad del propietario’. El propietario no tiene por qué solucionar el problema habitacional del ocupantes, sí del Estado”, puntualizó Ayala, dejando en claro que funcionarios del Ejecutivo como Lilian “Tiki” Marchesini deberían reclamar al Estado renovador que consiga viviendas a las familias en vulnerabilidad social que son desalojadas, en lugar de cuestionar los fallos judiciales o directamente, impedir los procesos de desahucio.“Es el Estado, a través del Ejecutivo, el que tiene que dar una respuesta”, señaló Ayala, apuntando a la responsabilidad estatal en la crisis habitacional y a la responsabilidad de los funcionarios del Ejecutivo.

Como es de público conocimiento, un sector de la Renovación que se autopercibe como “progresista”, cuestiona e impide desalojos judiciales en supuesta defensa a las familias en vulnerabilidad social que ocupan terrenos, pero no gestiona o no reclama soluciones habitacionales al Estado renovador, uno de los verdaderos garantes del derecho a la vivienda en la provincia.

De hecho, las críticas de funcionarias como Marchesini contra procesos de desalojo como el orquestado en Santa Clara 3 (Garupá), donde niños y ancianos fueron dejados en la calle por la fuerza, no apuntan al poder político del Ejecutivo municipal -encarnado por la familia del intendente renovador Luis Ripoll- ni mucho menos, al accionar policial -con visos de ilegalidad-. Apuntan al poder judicial, con lo que se corre el eje del debate que pasa por el incumplimiento por parte del Estado, del derecho a la vivienda para niños y ancianos.

Leé también:

Usurpaciones: los negocios y la política pueden más que la Ley

gw.

Comentarios