[vc_row][vc_column][vc_column_text]Contempla construir 10.800 casas. Las obras comenzaron en 2013 con plazo de finalización en 2017. Llegaron millonarios fondos nacionales manejados por el Iprodha. Solo se entregaron 587, en su mayoría mal terminadas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”91274″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]POSADAS. Dado el actual estado de situación del mayor complejo de viviendas de la Argentina -encarado por el Gobierno de Misiones con aportes propios y de Estado federal- los vecinos que aguardan vivir en Itaembé Guazú, un mega-emprendimiento donde ya se invirtieron miles de millones de pesos, después de múltiples reclamos ahora solicitan directamente la intervención del presidente Mauricio Macri.
Los amigos del poder
Miles de operarios trabajaron para alrededor 15 firmas constructoras locales y extra-provinciales, en un predio de 600 hectáreas que va desde un brazo del arroyo Zaimán hasta el límite con Corrientes. Como las nuevas autoridades comenzaron a revisar y controlar supuestos mayores costos aplicados donde se habrían desviados más de 700 millones de pesos, una suma superior a lo recibido por la Tupac Amaru de la jujeña Milagro Salas, que sigue detenida imputada por administración fraudulenta de fondos públicos.
En consecuencia, en los últimos meses mucha gente quedó desempleada, algo que implica más problemas en un contexto económico social sumamente difícil que afecta a esta región.
Durante meses, bajo la anterior conducción del Poder Ejecutivo nacional, llegaban un avi{on cargado de bolsas remitidas por el Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido. El jefe de las operaciones era un misionero integrante de la ex Side al que se lo vincula con la muerte del fiscal Nisman, mientra los cajeros locales son arquitectos, abogados, contadores, ingenieros, agrimensores que continúan cumpliendo funciones en el Instituto Provincial de Desarrrollo Habitacional, cuya presidencia la ejerce Santiago Ross.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”91275″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Listado
En los planos que ilustran este informe, aparecen las empresas adjudicatarias, obviamente amigas del poder político misionero comandado desde hace mucho, por el titular del Palacio Legislativo.
Hidrelco por ejemplo, de Miguel Dei Castelli cuyo constructora erigió la Cruz de Santa Ana entre otras obras importantes y controvertidas; Lazarte de la ingeniera Silvina Lazarte; Forestal La Rama (atribuída a Ross); Empecor del ingeniero Wurfel; Ducon (Curti-Ramos); Ámbito de Resek; Maceva (Marelli, Cerri, Vacarezza); Proobra de Genesini, la que instaló en la Costanera el chorrro que ya no chorrea más; Hormicon, firma que creció muchísimo perteneciente a Alberto Squilacci; Indo de Gerardo Grippo; Sigma de Cáceres Barrios; Compañía Mercado; Constructora Carlos Nosiglia y Asociados; Econ, una de las tantas empresas del grupo Carlos Enríquez; Incomac del ingeniero Canela; Wemcom del ingeniero Dwowiak; Insacat del arquitecto Soto; Riel de los hermanos Robín asociados a Julio “Cachillo” Rodríguez; Combos, de Bosch y asociados; Ratti, manejada ahora por Pablo, uno de los hijos de su fundador Omar, trágicamente fallecido; Artec, del arquitecto González; Eslavo, de Botiuk; Kunz Construcciones; Héctor Torres; Giovinazzo; Prat , de Romero Acuña; Geoid, que sería del cuñado de Rovira, Joaquín “Quincho” Sánchez, actual director del Imas; Borcon, ex Borkoski-Compes cuya mayoría de acciones serían del mismo Rovira; NR, de Nelson y Rodrigo Spotorno; Ingar, de Guillermo Retta.
Cabe agregar que varios de dichos profesionales que ejecutan las millonarias viviendas de Itaembé Guazú, ocupan cargos públicos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”91276″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Un barrio inhabitable
Al asumir el nuevo Gobierno nacional a fines de 2016, llegaron auditores a los efectos de auditar el estado de las obras. Pidieron recibos, certificaciones, pero en Buenos Aires los remitos se quemaron antes que De Vido dejara el ministerio para ocupar una banca en Diputados.
En tanto, en Misiones encontraron certificaciones con costos redimensionados por montos superiores a lo pactado en base a la meneada fórmua de “ajustes por inflación”. Al parecer la mayoría, solo en papeles, no fueron ejecutadas pero sí pagadas por encima de los valores establecidos en el proyecto original.
Las casas entregadas son de entre 80 a 89 metros cuadrados, con dos o tres dormitorios. En las veredas de 4,50 metros de ancho, hay que dejar un franja verde de 2,50 para plantar árboles. Pero las constructores la ocuparon para tender cables de luz, teléfono, fibra óptica, cubrieron la franja verde con cemento por lo que allí no se puede plantar nada.
En consecuencia, en el enorme espacio donde supuestamente residirán en el futuro 40.000 vecinos de Posadas, no habrá sombras en este clima caluroso, subtropical sin estación seca como es el misionero.
Los pocos ocupantes se encuentran con materiales como paredes y sanitarios de baja calidad, techos donde se filtran goteras, consumen agua potable de color marrón, carencia de colectivos de línea, un conjunto de condiciones tremendamente precarias, que ha convertido a este proyecto, en algo incomprensible.
sb[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]
