Justicia

Abusos en el Roque González: fuerte contrapunto entre el juez y la fiscal

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Mientras que el juez de menores César Jiménez sostuvo que “es un error pensar en la expulsión (de los jóvenes acusados) como solución” la fiscal María Laura Álvarez pidió “evitar que las víctimas coexistan en un mismo espacio físico que los agresores” y que no se les renueve la matrícula en 2022.

Abusos en el Roque González: fuerte contrapunto entre el juez y la fiscal

POSADAS. El escándalo por los hechos de acoso y abuso sexual denunciados por jóvenes estudiantes del Colegio católico Roque González continúa generando repercusiones y este lunes se produjo un choque de planteos judiciales entre la fiscal correccional María Laura Álvarez y el juez de menores, César Raúl Jiménez, quienes intervienen en la causa penal contra los seis jóvenes de entre 14 y 15 años, que están denunciados.

Este lunes, según publicó el diario PE, la fiscal solicitó al juez Jiménez que los acusados terminen el ciclo lectivo de este año de forma no presencial, sin concurrencia al colegio y bajo “seguimiento psicológico”, para “evitar que las víctimas coexistan en un mismo espacio físico que los agresores”.

Según trascendió de manera extraoficial, la fiscal argumentó que “la sola presencia de los menores en el aula implica un hecho violento” como es “someter a las víctimas a sus acosadores y abusadores”.

Este planteo de la fiscal coincide con el reclamo de las estudiantes del Roque González que protestaron el jueves con una sentada en la institución. Y el viernes con una protesta masiva frente al colegio, acompañadas por estudiantes de otros colegios y por organizaciones y colectivos feministas, al grito de “háganse cargo” y “expulsión”, entre otros.

La resistencia a la expulsión

Sin embargo, el pedido de la fiscal Álvarez choca de plano con lo que opinó el rector del Roque González, el padre Juan Rajimón y el propio juez Jiménez. Ambos coincidieron en que los acusados no deben ser expulsados. “Es un error pensar en la expulsión o en la sanción como solución del conflicto”, sostuvo Jiménez, en declaraciones a la prensa.

Para el juez, los alumnos apuntados como autores de los manoseos, “deben continuar” en la institución educativa. “Pero, previamente tener la participación importarte con una psicopedagoga, con una psicóloga del colegio”.

En tanto, la fiscal Álvarez coincidió con el juez en que “se hace necesario” que los acusados “continúen con su año escolar, garantizando así su derecho a la educación”. Ello en vista de garantizar sus derechos consagrados por la Constitución Nacional y por pactos internacionales con rango constitucional.

Pero insistió en que la Justicia ordene al colegio que “no renueve la matrícula a dichos alumnos para el año 2022”. Y planteó en su requisitoria, la necesidad de “evitar que las víctimas coexistan en un mismo espacio físico que los agresores”.

“Estamos ante ‘niños’ que hacen alusión a violación, torturas y hasta rapto”, dijo la fiscal

Según la fiscal, los acusados deben tener “un especial tratamiento tutelar, ante la gravedad de las manifestaciones” volcadas en mensajes en redes sociales. “Estamos ante ‘niños’ que hacen alusión a violación, torturas y hasta rapto”, enfatizó la fiscal. Como es de público conocimiento, son sujetos no punibles debido a su edad.

Ahora, el juez Jiménez deberá resolver sobre ese pedido de la fiscal. Y al respecto hay que recordar que el propio Rajimón admitió a MisionesCuatro, que sería difícil dividir las aulas.

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