POSADAS. El destacado penalista y catedrático Hugo Zapana, pidió que se modifiquen las instituciones de la justicia misionera, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que borró las dos resoluciones del Superior Tribunal de Justicia de Misiones que avalaron las condenas a tres personas por el crimen Ersélide Dávalos.

Consultado por MisionesCuatro, Zapana insistió en que lo que se desprende del fallo de la Corte, es que se violaron derechos constitucionales de los justiciables –dos de las mujeres condenadas por el crimen de Dávalos, pasaron 11 y 14 años presas-, como el del debido proceso y el del acceso a un recurso de queja. “Se vulneró la garantía del debido proceso, la valoración de la prueba fue deficiente y no se ha escuchado a los imputados”, alertó en tono crítico a la actuación del STJ en este caso.

Zapana advirtió sobre la necesidad de reflexionar sobre los criterios de designación de los jueces en Misiones. Y,en esta línea, se pronunció a favor de crear una Cámara de Casación Penal provincial, donde jueces especializados en Derecho Penal, revisen los fallos y así liberen a los ministros del Superior de esa tarea.

Fuerte reclamo por una mejora de las instituciones judiciales

Sin embargo, Zapana fue más allá al sostener que no es la primera vez que la Corte borra de un plumazo lo escrito por el Superior, pero “nada ha cambiado”.

“Hubo otros fallos de similar envergadura de la Corte, que criticó la actuación del STJ y no hubo ningún cambio. Quiero que quede en claro esto: si queremos una Justicia del Siglo XXI, no podemos juzgar con instituciones del siglo XVIII y con mentes del Siglo XVIII. Hay que hacer una profunda revisión de los criterios de designación de los jueces y de quienes integran la más alta magistratura. Es vergonzoso que desconozcan las garantías constitucionales. No debemos  Justicia con Poder Judicial. La Justicia es un valor, el Poder Judicial, en los últimos tiempos es un disvalor”, aseguró.

Según Zapana, en sus recorridas por los fueros penales misioneros, en muchos expedientes se “han hecho oídos sordos a las garantías constitucionales y a los recursos garantizados por tratados internacionales”.

La Cámara de Casación Penal como una necesidad y garantía

Repreguntado sobre si, a la luz del fallo revocatorio de la Corte Suprema, considera que los ministros del STJ están preparados para cumplir su labor, Zapana explicó: “No soy quién para decir si (los ministros) son idóneos o no para estar ahí (en el STJ). Pero sí, debería existir una Cámara de Casación Penal, como última instancia provincial donde jueces especialistas en la cuestión penal, resuelvan estas cuestiones”, comentó el abogado.

“La Cámara de Casación Penal es algo necesario. Y no un Superior que atiende cuestiones de intendencia, o sea, de fijar la feria judicial, establecer horarios de organismos o cambiar un empleado de lugar, que además, tienen que fallar sobre temas laborales, contenciosos/administrativos y penales”, argumentó Zapana, quien llamó la atención sobre la preparación de los ministros: sólo la jueza Liliana Picazo tiene conocimiento probado en materia penal.

“El resto de los ministros nunca han intervenido en una causa penal, a menos que los hayan designado subrogación”, recordó.

El abogado insistió en que una Cámara de Casación Penal provincial es fundamental para mejorar el servicio de justicia en Misiones y sería “una garantía para el justiciable, de que quien lea el expediente, entienda qué está planteando la persona que interpone un recurso”.

Destacó la labor de los defensores oficiales en el caso Dávalos

Por otra parte, Zapana resaltó la “excelente labor de la defensa oficial” de las personas liberadas por el fallo de la Corte en la causa Dávalos, pero insistió en que la Defensa Oficial “debería ser un órgano extra poder, apartado del poder judicial”, porque no puede ser que esa institución creada para defender a los justiciables, dependa del Estado acusador.