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Expediente por lavado de dinero interrumpe feria judicial

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia interrumpirá la feria judicial con la llegada del expediente de la causa de lavado de dinero que envió Casación Penal.

Expediente por lavado de dinero interrumpe feria judicial

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia interrumpirá la feria judicial con la llegada del expediente de la causa de lavado de dinero que envió Casación Penal.El máximo tribunal federal penal ordenó a esta cámara que “dicte una nueva decisión de acuerdo con las pautas reseñadas” en relación a las prisiones preventivas que fueron dictadas por la jueza federal Zunilda Niremperger.

Los principales imputados son la diputada nacional Aída Ayala (Cambiemos-Chaco), el gremialista municipal Jacinto Sampayo están imputados de los delitos de lavado de activo, agravado por habitualidad, por ser miembros de una banda y funcionario público en calidad de autores.

También se le imputa a Ayala y Sampayo la coautoría en los los delitos precedentes de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los fueros de Aída

Ayala tiene fueros por su condición de legisladora nacional, mientras que Sampayo estuvo detenido en Gendarmería Nacional y luego obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Además de resolver puntualmente cada uno de los casos de prisión preventiva que fueron dispuestos en la jueza de primera instancia y confirmada por la Cámara de Apelaciones el 5 de octubre del año pasado también se deberán considerar otros recursos que anticiparon defensores de los imputados.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, integrada en este tramo de la feria judicial por las juezas Delfina Denogens y Rocío Alcalá, deberá resolver también los pedidos de excarcelaciones del sindicalista Sampayo y de los empresarios Carlos Huidobro, Daniel Fischer, Rolando Acuña y Pedro Martínez.

Esos empresarios están detenidos por la presunto vinculación delictiva con la causa, por medio de distintas unidades económicas que integraron la empresa PIMP S.A. que en 2014 fue contratada por la entonces intendente Ayala, para la recolección de residuos en el municipio de Resistencia.

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