El ex vicepresidente Oriol
Junqueras, el político de mayor rango juzgado -ante la ausencia del ex
presidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica-, es quien recibió la pena
máxima de 13 años de cárcel e igual período de inhabilitación, por sedición y
malversación, delitos que fueron propuestos por la Abogacía del Estado, que
representa al gobierno central.
Los otros ocho dirigentes que esperaban la histórica condena
en prisión, recibieron penas de entre nueve y 12 años, mientras tres políticos
fueron encontrados culpables solo de un delito de desobediencia, por el que
recibieron penas de 10 meses de multa, y un año y ocho meses de inhabilitación,
con lo que eluden la cárcel.
En su sentencia, el Tribunal Supremo descarta el delito de
rebelión, lo que supone un revés para la Fiscalía -que pedía 25 años de
cárcel-, y un golpe para los argumentos de la derecha y los ultraderechista de
Vox, que como acusación popular exigían 75 años de pena contra los
secesionistas por haber perpetrado un “golpe de estado”.
A pesar de este triunfo, sobre la tesis más duras, los
líderes secesionistas rechazaron el fallo condenatorio, que criticaron en duros
términos, al tiempo que llamaron a sus seguidores a salir a las calles a
protestar.
El ex vicepresidente Junqueras dijo que la sentencia era “una
venganza”, mientras el actual presidente catalán, Quim Torra, la consideró un “insulto
a la democracia” y un “desprecio a la sociedad catalana”.
Tras conocerse la sentencia, miles de estudiantes cortaron
las principales arterias de Barcelona con pancartas que reclamaban “Libertad
para los presos políticos” y hubo protestas pacíficas en las céntricas plaza
Cataluña y plaza Sant Jaume. Las manifestaciones fueron replicadas en otras
ciudades catalanas.
Sin embargo, la acción de protesta más contundente tuvo lugar
durante la tarde, cuando miles de manifestantes se trasladaron al aeropuerto
internacional de El Prat, situada a unos 20 kilómetros del centro de la capital
catalana, a raíz de una convocatoria de la plataforma “Tsunami Democrático”,
que llamó a “tomar” las instalaciones.
Los manifestantes bloquearon accesos a la terminal aérea por
donde cada día pasan miles de personas de todo el mundo, y provocaron la
cancelación de un centenar de vuelos. Esta fue la primera acción de
“desobediencia” organizada en respuesta a la histórica sentencia.
La medida de fuerza, que provocó demoras en el acceso al
aeropuerto internacional y la cancelación de un centenar de vuelos, forzó
intervenciones intermitentes de la policía, que mantenía blindada la terminar.
Al cierre de la jornada, decenas de miles de personas se
movilizaron en el centro de Barcelona, donde la policía respondió con porras y
pelotas de goma a un grupo más alborotado que se concentró durante horas frente
a la sede de la Jefatura de Policía.
Los conocidos como CDR (Comités de Defensa de la República) instaron
a través de Twitter a “levantarse contra el fascismo autoritario del Estado
español y sus cómplices”. “Es hora de la Revolución Popular”, aseguraron.
La sentencia contra los secesionistas tiene consecuencias
políticas -y sociales- impredecibles a las puertas de la repetición de las
elecciones genérales de España, que tendrán lugar el 10 de noviembre.
“El acatamiento de la sentencia significa su íntegro
cumplimiento”, sostuvo el presidente del gobierno español y candidato a la
reelección, el socialista Pedro Sánchez, ante los pedidos de la oposición de
que no indulte a los secesionistas.
España: Hasta 13 años de cárcel para secesionistas
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