[vc_row][vc_column][vc_column_text]A través de su abogado defensor, Walter Quintana, los oficiales de Puerto Esperanza, acusados de “apremios ilegales, vejaciones y amenazas”, rechazaron la expulsión de la fuerza policial, señalando que en casos más graves, sólo se los aparta cuando se produce una detención. Además, Quintana confirmó que el Ministerio de DDHH y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), no se presentaron como querellantes.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS y PUERTO ESPERANZA. Para la defensa de los policías ‘torturadores’ de Puerto Esperanza, hubo “apresuramiento” en la decisión de la Jefatura de Policía de pasarlos a disponibilidad. Según el abogado Walter Quintana, que representa a los uniformados acusados por “apremios ilegales, vejaciones y amenazas”, en otros delitos mucho más graves, no se ha tomado esta determinación, sino hasta que se produzcan detenciones.

Recordemos que estos uniformados no fueron detenidos en el marco de la causa surgida a raíz de la viralización de un video que los muestra atormentando con un cinto, a un delincuente desarmado.

“Ya declaró la supuesta víctima, su madre y su hermana. Y el denunciante del hecho que se le imputaba (a la víctima)”, comentó el abogado, confirmando que el juez de instrucción de Iguazú, Martín Brites, también tomó declaración indagatoria a los cuatro policías imputados.

“Antes de que se abra la causa la Jefatura ya los pasó a disponibilidad. Se adelantó a juzgarlos, antes de que lo haga la justicia”, opinó Quintana. Al tiempo que recordó que en otros casos de “delitos peores” cometidos por policías, “no los pasan a disponibilidad”. “Los pasan a disponibilidad sólo si se produce una detención”

En este sentido, el abogado dijo entender que “el impacto mediático (del video viralizado) fue importante, pero en virtud de la situación de los imputados y la causa, fue apresurada la decisión. Esta gente se ve afectada. Están cobrando el 50% de sus sueldos”, comentó el letrado.

De acuerdo con el letrado, hora van a declarar “dos policías más que estaban en el recinto y dos choferes”. “Esperamos que se agreguen las pericias para ver cómo avanza la causa”, agregó Quintana, poniendo de relieve el informe médico del joven que sufriera las torturas en el video que se viralizó el pasado 8 de Mayo –en el aniversario de la policía de Misiones.

DDHH y la CPPT no se constituyeron en querellantes

Otro dato que mencionó el abogado, es digno de ser resaltado, no hay querellantes en la causa por los tormentos al joven detenido. Según Quintana, quien impulsa la causa es el fiscal de Puerto Iguazú. Esto demuestra que ni la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) que preside la abogada Rita Vanesa Núñez, ni el Ministerio de Derechos Humanos que conduce Lilia ‘Tiki’ Marchesini, se presentaron como querellantes en este caso.

Y llama la atención en el caso de la CPPT, que preside Núñez y que integran Rubén Fernando Genesini (vicepresidente), Amelia Rosa Báez –ex Subsecretaria de DDHH-, Alicia Estela Perucchi, Francisco Souza (docente y dirigente de la UCR) y Luis Alberto González. Es que el pasado 16 de Mayo, la CPPT recibió a madre y hermana de la víctima de los apremios.[/vc_column_text][vc_single_image image=”178428″ img_size=”full”][vc_column_text]

Algunos de los apartados, participaron del caso Lieni

Quintana puntualizó que la defensa espera que los uniformados “recuperen sus cargos”, aunque admiten que por la “conmoción social” generada por las imágenes, contemplan con bueno ojos, ser trasladados. “Nunca tuvieron ningún problema. Hay uno de ellos que hace más de 30 años que es personal policial, dependiente de la comisaría de Esperanza y jamás tuvo ningún problema”, remarcó el abogado, olvidando el caso del femicidio de Lieni Piñeiro.

Por lo mencionado por este abogado, al menos uno de los cuatro policías denunciados por los apremios, participó de la investigación del crimen de “Taty” Piñeiro, violada y asesinada en julio del 2013, un oscuro crimen en el que se sospecha de la participación de hijos de empresarios y políticos de Puerto Esperanza. La actuación de la policía local ha sido muy cuestionada y se sabe que el comisario García y uno de los denunciados por los apremios ilegales, fueron parte de esa pesquisa, plagada de irregularidades.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]

jmm.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]