[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Director de Entes Descentralizados Alberto Penayo aseguró que se cumple con el protocolo de la ordenanza 118/82, que prevé un plazo de al menos 6 meses para los traslados de cuerpos a los nichos-urna. Y remarcó que no se traslada a las “personalidades ilustres” porque la propia ordenanza así lo establece, aclarando que se trata de fallecidos declarados como tales por el Concejo. Además, admitió que no están notificando por cédula de los traslados, porque carecen de la estructura necesaria para llegar a las 36 mil familias. “Vamos a cumplir lo que dictamine la justicia, aunque seguramente vamos a apelar”, dijo sobre el amparo contra las exhumaciones.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS. Con la decisión de la jueza en lo Civil y Comercial 7, Viviana Gamberale, de aceptar el amparo presentado contra las exhumaciones compulsivas en el Cementerio La Piedad de Posadas, el responsable del organismo, Alberto Penayo, aclaró que cumplirán con la decisión judicial, aunque seguramente, apelarán la medida. No obstante, Penayo defendió el proceder de la administración de Joaquín Losada, rechazando los argumentos del amparo que giran en torno al incumplimiento del protocolo previsto por la polémica ordenanza 118/82.
Según Penayo, las exhumaciones no son compulsivas porque se cumple con el protocolo de la ordenanza que habla de un plazo de seis meses de diálogo con los familiares del fallecido. “Ningún traslado se hace si no se cumple el protocolo que prevé un plazo de 6 meses”, dijo Penayo, que sin tapujos reveló a MisionesCuatro, que las exhumaciones continúan realizándose, con la connivencia de los propios familiares.
“Hasta el momento, los traslados se hicieron normalmente”, dijo el Director de Entes Descentralizados del municipio, para quien hay una parte importante de la sociedad que avala los traslados desde la sepultura a los nichos-urna. Cabe aclarar que al menos unas 120 familias rechazan las exhumaciones señalando que no se cumple con los protocolos de respeto a la salud e inclusive, no se respeta el derecho constitucional a la identidad –señalan que están mezclándose huesos de fallecidos.
El cementerio municipal de La Piedad, de 16 hectáreas, tiene capacidad para unas 16 mil sepulturas, pero está colapsado porque hay unas 36 mil personas enterradas. Según Penayo, el colapso viene de la época de sanción de la ordenanza, en 1982, durante el gobierno militar de-facto. Es más, de acuerdo con Penayo, los traslados desde la tierra a los nichos viene realizándose desde aquella época, y lo que está haciendo la administración de Joaquín Losada es transparentar el proceso, sin discriminar entre las familias que tienen deudas de arrendamiento y las que no.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”2″ grid_id=”vc_gid:1504807398562-6c014cad-56eb-9″ include=”125629,125628,125294,125295,121058,121312″][vc_column_text]“Les conviene a todos los posadeños saber que los traslados se ajustan a la ley. Los traslados se hicieron siempre”, aseguró Penayo, en un disparo por elevación al ex intendente de Posadas, Orlando Franco, que gobernó desde 2007 al 2015. Durante su gestión se llevó a cabo el digesto municipal que mantuvo sin cambios la ordenanza 118/82, que dispone que los contratos de arrendamiento para sepultar personas en La Piedad, son de 5 años, con opción a una ampliación de 5 años más –pasado ese periodo se abre la instancia de diálogo para el traslado a los nichos-urna.
En este sentido, Penayo disparó munición gruesa contra los ediles que terminan su mandato este año, porque conocían o deberían conocer el digesto y la ordenanza en cuestión, pero dictaminan en contra de los traslados recién ahora, cuando hay un conflicto público con familiares que se oponen a la medida. “Los traslados se hicieron siempre, desde el año 82 cuando sacan esta ordenanza que fue ratificada el 16 de noviembre del 2015 cuando se sanciona el digesto. Todos los concejales que hoy están, excepto los que entraron con nosotros (diciembre 2015), firmaron el digesto y conocían la ordenanza. No pueden alegar desconocimiento”, aclaró el funcionario.
“Traslados existieron siempre, pero (antes) sólo se trasladaba a los que tenían deuda. Pero la ordenanza no dice eso”, remarcó Penayo, nuevamente cargando contra la administración de Franco. Según Penayo, la ordenanza estipula que para las familias que tienen deudas de arrendamiento con el cementerio, los restos se deben llevar osario y luego fosa común. Y para los que están al día con las cuotas del contrato de arrendemiento, “el artículo 2 dice que tiene un contrato de 5 años con opción a 5 años más. Nosotros transparentamos el sistema con todos los ciudadanos, no distinguimos entre los que tienen y no tienen deudas”, enfatizó el funcionario.
Otro de los temas abordados por Penayo, fue el de la obligatoriedad de los traslados y la denunciada discrecionalidad en las exhumaciones, porque no se está notificando por cédula a las familias afectadas y porque a los fallecidos “ilustres”, no se los traslada. “Todas las personas que vienen a pagar, son comunicados y se les da la ordenanza para que conozcan la ordenanza. No tenemos la estructura para hacer la comunicación masiva a 36 mil familias. Una vez comunicadas, se abre una instancia de diálogo que dura como mínimo 6 meses. Las exhumaciones no son compulsivas. Cuando la persona está de acuerdo, recién se hace el traslado”, aseguró Penayo, añadiendo que en el caso de los morosos, se libraron edictos antes de los traslados. “No mandamos a fosa común porque no es la directiva que tenemos. No podemos seleccionar (a quién exhumar)”, insistió Penayo, que remarcó que la medida sería “compulsiva”, si se aplicara plenamente el inciso A de la ordenanza.
En cuanto a la situación de las personalidades destacadas, Penayo admitió que tienen un régimen diferencial y no se les aplican los plazos de 10 años para el paso al nicho, pero esto se debe a una distinción que hace la propia ordenanza, que determina que gozarán de este privilegio, quienes hayan sido “declaradas como persona ilustre” por el Concejo Deliberante. “La mayoría (de los fallecidos) superan los 10 años enterrados. No hay selectividad ni privilegios”, dijo el funcionario, negando de plano las acusaciones de traslado irregular e inconsulto de restos.
“Vamos a cumplir con lo que mande la justicia, aunque seguramente se va a apelar”, aclaró Penayo sobre el amparo al que hizo lugar la jueza Gamberale.
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