Posadas

Presentaron un amparo judicial contra las exhumaciones en La Piedad

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Santiago Larrea, abogado de 37 familias que se oponen a las exhumaciones compulsivas en el cementerio municipal, reveló que presentaron un amparo colectivo en el juzgado 7 de Viviana Gamberale, para el cese de los desentierros y para que la municipalidad resuelva la cuestión de fondo.

Presentaron un amparo judicial contra las exhumaciones en La Piedad

Santiago Larrea, abogado de 37 familias que se oponen a las exhumaciones compulsivas en el cementerio municipal, reveló que presentaron una acción de amparo en el juzgado 7 de Viviana Gamberale, para el cese de los desentierros y para que la municipalidad resuelva la cuestión de fondo. Apuntan a las irregularidades en el cumplimiento de la ordenanza 118/82 y a la violación al derecho a la identidad, porque funcionarios municipales admitieron que se pierden huesos en los traslados. “Pedimos que el municipio controle a las personas que están administrando el cementerio”, sentenció una de las representadas en la acción de amparo colectiva, Carolina Feyeka.POSADAS. Los autoconvocados contra las exhumaciones compulsivas en el cementerio La Piedad presentaron un amparo colectivo para que cesen los desentierros y para que el municipio de Posadas resuelva la cuestión de fondo de este conflicto. El abogado Santiago Larrea, representante de 37 familias, reveló que han presentado un recurso de amparo ante el juzgado 7 que preside Viviana Gamberale, por tratarse de una acción que debe resolverse en forma perentoria. Además, Larrea explicó que la acción incluye a todas las familias que tienen familiares sepultados y se opongan al traslado de los restos a nichos urna. Según el abogado, uno de los fundamentos de la medida se origina en la violación al derecho a la identidad garantizado por la Constitución, dado que funcionarios municipales admitieron que en los traslados, se han perdido restos. “¿Cómo podemos saber que el familiar que está en el nicho, es el que enterró?”, resaltó el letrado en diálogo con MisionesCuatro.

Larrea explicó que solicitaron el amparo ante la jueza Gamberale –que es la esposa del Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez- para que cesen de inmediato las exhumaciones y para “que la municipalidad resuelva la cuestión de fondo”. El abogado resaltó que hubo numerosos incumplimientos en lo que dispone la cuestionada ordenanza 118/82 (que prevé las exhumaciones, pasados los cinco años de entierro). “No han presentado notificación fehaciente (a los familiares). Cada vez que iban a pagar un monto de sepelio, anotaban con birome, la fecha de exhumación”, dijo Larrea, subrayando la ilegalidad de esa modalidad adoptada para las exhumaciones.

Por otra parte, Larrea subrayó que “pedimos que se respete el derecho constitucional de la identidad. Funcionarios han admitido con total ligereza que se pierden restos en el traslado de los cuerpos a los nichos-urna. Entonces, ¿cómo podemos saber, que cada uno de los familiares, cuando se va a despedir (del difunto), está rezando al que enterró hace poco tiempo?”, lanzó el abogado.

“Sabemos que hay una ordenanza con plazos, porque no hay espacio en el cementerio, pero creo que el no tener un protocolo respetando la salud, el medioambiente y salud mental de los familiares, hace que (la acción adminitrativa) carezca de legitimidad”, puntualizó Larrea, en sus argumentos para el amparo. “Se agotó la etapa administrativa y acudimos a la acción judicial por una cuestión de para que se resuelva la cuestión de fondo”, sentenció el abogado, recordando que este tipo de medida debe resolverse en 48 horas –para saber si lo acepta o rechaza- y en 10 días hábiles debe resolver sobre el pedido contra las exhumaciones.

“Presentamos un recurso de amparo con la firma de 37 familiares, con mi patrocinio. Pero el recurso tiene un carácter general. Es una acción de amparo con incidencia colectiva, para todas las personas con familiares sepultados”, precisó el abogado, que añadió que la municipalidad debería acatar inmediatamente una acción de amparo, si es que es aceptada por la jueza Gamberale.Por su parte, Carolina Feyeka, una de las patrocinadas por Larrea, sostuvo que acuden a la justicia, “al no tener respuestas”, por parte de las autoridades. Se dieron “muchas irregularidades por parte de la municipalidad. Es inhumano lo que están haciendo. No nos dejan pagar la cuota y nos sacaron del cementerio”, dijo Feyeka, denunciando que desde las manifestaciones de los autoconvocados en La Piedad, “no nos permiten ingresar más a tomar fotografías y repartir folletos”.

Según la mujer, pretenden que “cesen las exhumaciones hasta que se pueda conseguir otro cementerio” y en este sentido, aclaró que el anuncio del alcalde Joaquín Losada, de construcción de un nuevo cementerio en 2018, no resuelve el conflicto. Es que hasta el 2018 “hay gente que tendría que sufrir exhumaciones de familiares sin estar de acuerdo”. “Pedimos un control del municipio a las personas que están administrando el cementerio”, dijo la mujer en tono crítico hacia la administración de Alberto Penayo, el titular de Entes Descentralizados del Municipio.

 

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