POSADAS. Los controles sobre la actividad forestal y su posible desnaturalización están causando dolores de cabeza al gobierno misionero que encabeza Oscar Herrera Ahuad, como quedó de manifiesto en un nuevo escándalo que estalló en San Vicente y estaría judicializado. En un aserradero en San Vicente, según confió el periodista Pablo García, “se comprobó que (un encargado) tenía en el teléfono, una guía en PDF librada por el centro de cómputos del Ministerio de Ecología”, algo que no se corresponde con los canales institucionales para obtener los permisos de tala de bosque nativo o implantado.

En su columna semanal “el Dato Político” para el Noticiero de MisionesCuatro, García abordó el problema de la presunta corrupción con las guías forestales, los permisos ahora digitales, que estarían siendo manejados en forma oscura y al margen del Ministerio de Ecología, que ahora preside Víctor Kreimer, pero por el que pasaron varios funcionarios (Mario Vialey, Juan Manuel Díaz, Verónica Derna, Viviana Rovira), que también enfrentaron situaciones similares.

Con los controles rotativos en las salidas al sur de Misiones (rumbo a Corrientes) y en el Alto Uruguay, el gobierno provincial descubrió “que en los últimos dos años cayeron sustancialmente la recaudación de las guías (forestales) electrónicas”, detalló García, recordando también que hay una “resolución gubernamental para que esa recaudación sea distribuida en el personal del Ministerio (de Ecología)”

El Director de Bosques en la mira de las autoridades provinciales

“Se dieron cuenta que los controles forestales y la guía electrónica han facilitado la comercialización y desguace de montes nativos e implantados, sin demasiado control. Ahí nace la preocupación de Oscar Herrera Ahuad”, detalló el periodista.

Y completó: “Inclusive está en la mira la continuidad del ingeniero Mariano Marczewski, que es el Director General de Bosques, que ya viene desde hace una década y pertenece a la vieja administración donde estaban Juan Solari y Viviana Rovira y a aquella causa escandalosa que terminó con controladores fiscales detenidos e investigados por la Justicia penal”.

Con ciertas reminiscencias del caso en el que un productor denunció y presentó pruebas de pedido de coimas de funcionarios de Ecología, años atrás, durante la gestión de Juan Manuel Díaz, en 2018, recientemente, en un “aserradero en San Vicente, fue detenido un camión con maderas nativas, en una causa que se abrió en el juzgado de instrucción de San Vicente (a cardo del Dr. Gerardo Casco) se comprobó que el hombre, tenía en el teléfono, una guía en PDF librada por el Centro de Cómputos del Ministerio de Ecología. Cosa que no se hace naturalmente así, porque la autorización es a través de internet y las guías electrónicas”, detalló.

Una guía legal entregada de forma ilegal ¿desde el propio ministerio?

“Descubrieron que era una guía legal, entregada de manera ilegal por gente del ministerio de Ecología”, expresó García, señalando que así comienza la investigación penal para dar con los responsables de este manejo subterráneo de los permisos de tala.

El gobernador Herrera Ahuad “tuvo que salir, no hace mucho a frenar el desmonte en una tierra en Campo Grande y anteriormente en Pozo Azul, afectando a una comunidad aborigen. Tuvieron que desde el gobierno frenar permisos de apeo de especies nativas, porque lo denunciaron los aborígenes y los de la Pastoral Social (EMiPA). Eso fue un escándalo y ahí es donde me parece que el gobernador puso la mirada en que en el Ministerio de Ecología, todavía hay lugares que limpiar”, expresó el periodista.

Sin embargo, esta depuración no tiene por eje la gestión del actual ministro Víctor Kreimer, “que asumió en diciembre, sino en lo que quedó enquistado, algo que pasa en muchas ministerio y reparticiones, esa suerte de oficinas de curros. En Ecología, hace más de 6 o 7 años están tratando de desarticular lo que ya estaba establecido. Por eso algunos consideraban que los controles forestales móviles generaban focos de corrupción porque dicen que ahí se negociaba la coima. Y decidieron ir a (la digitalización), pero lo digital no termina con el negocio”, puntualizó el periodista.

“Están desguazando de montes y hay un discurso del oficialismo diciendo que (en Misiones) preservan la biodiversidad”

De acuerdo con sus fuentes, este problema preocupa al gobierno renovador porque “en cada discurso, el oficialismo intenta mostrar que la provincia cuida su selva natural y tiene políticas de avance, como el Ministerio de Cambio Climático, pero en lo doméstico, aparecen casos que desmienten eso. Digamos, están desguazando de montes por un lado y hay un discurso del oficialismo diciendo que esta es de las provincias que más preservan la biodiversidad y medioambiente”, planteó García.

En esta línea, el periodista insistió en que “hay compartimentos estancos (dentro del Estado) que tienen décadas, con empleados mal pagos que construyen pequeñas ‘consultorías’: detectan las falencias, te aportan la solución y cobran. Ese círculo se pierde. Lo mismo pasa con otros ministerios y organismos que tienen que ver con obras públicas, habilitaciones y demás. Son gente de tercera línea que conoce las debilidades de algunos empresarios que no tienen papeles en regla. Se aprovechan de eso y hacen negocios fenomenales”, argumentó García.

Un negocio subterráneo y millonario con los controles forestales

“Una carga de un camión con maderas elaboradas, está por arriba de los $ 20 millones. Es mucho dinero el que se mueve en la foresto industria”, advirtió García. Al tiempo que remarcó que “hay aserraderos que pierden días y meses de laburo y producción porque no consiguen las habilitaciones necesarias. Y otros que tienen una libertad y un callejón de velocidad inmediata que despiertan la bronca en el mundo empresarial por la presunta corrupción en el Estado”, subrayó.

En este contexto y en el marco del comienzo de la discusión del Presupuesto 2023, diputados provinciales de la oposición pretende llamar al Director General de Bosques (Marczewski) y al Ministro (Kreimer), “porque ya recibieron quejas (de aserraderos) y denuncias en forma anónima por temor a las represalias. El gobierno tiene una enorme preocupación porque” esto afecta a la imagen que quieren proyectar de la supuesta “defensa de la biodiversidad”.