La historia se remonta al año 2004, cuando la madre de Felisa era la administradora de la sucesión y surgió un negocio para desarrollar la propiedad. Se firmó un contrato de alquiler con un grupo de personas que ocuparon la tierra hasta el año 2002, momento en que dejaron de pagar el alquiler.

Ante esta situación, la familia de Gottschalk inició acciones legales en busca de la reivindicación de la propiedad. A lo largo de los años, se enviaron cartas documento y se luchó en los tribunales. En el 2013, una sentencia de Cámara fue emitida a favor de la familia, reafirmada por el Superior Tribunal en el 2015.

Sin embargo, a pesar de las decisiones judiciales a su favor, los “okupas” persisten en ocupar una parte de las seis hectáreas de terreno. Cada vez que se intenta una constatación, se trasladan con colchones, aunque la parrilla ya no funcione y el lugar no sea su residencia principal.

La familia Gottschalk observó con frustración cómo, incluso después de que la sentencia fuera firme, se abrieron expedientes adicionales relacionados con la causa, retrasando la ejecución de la orden de desalojo.

En medio de esta lucha, la sospecha de que los jueces puedan tener miedo de emitir la orden de desalojo creció en la familia. Además, se presentaron proyectos de desarrollo hotelero y complejos turísticos para la tierra en disputa, lo que aumenta la tensión y la urgencia por resolver esta larga batalla legal.