Según Fusté Padrós, al menos cincuenta órdenes de desalojo afectaban a estas trabajadoras, muchas de ellas a cargo de menores y personas adultas mayores.

“El sindicato tomó acción para defender los derechos laborales de estas personas y aseguró que no permitirá que ninguna persona autorizada se quede sin trabajo”, dijo Fusté Padrós, quien explicó que, desde que comenzaron a recibir los casos, se identificaron graves irregularidades en la documentación utilizada para justificar los desalojos, incluyendo falsificaciones e impericias.

Los puntos donde se llevaron a cabo los desalojos incluyen la Plaza Sarmiento, Pepe Piró y otros espacios públicos. Sin embargo, gracias a la intervención del sindicato y las pruebas presentadas sobre las inconsistencias en las órdenes, la situación pudo ser resuelta a favor de las vendedoras ambulantes.