JARDÍN AMÉRICA. Una fuerte denuncia contra el Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) se hizo pública en las redes sociales, donde una damnificada aseguró que podrían desalojarla junto a su familia de una vivienda que aseguran haber comprado legalmente, pagando cerca de medio millón de pesos a un beneficiario. El inmueble se encuentra en el barrio Virgen de Itatí, en la citada ciudad.
Verónica Pisak, (DNI 30.897.620), una maestra de nivel inicial, utilizó su cuenta personal en Facebook para hacer su descargo por la situación que está viviendo, con una amenaza de desalojo tras haber adquirido una vivienda del Iprodha. A continuación, lo que denunció la mujer que está divorciada y tiene una hija.
“Hace muchísimos años estoy inscripta en el IPRODHA… son tantos que ya ni llevo la cuenta. Lo cierto es que, en el transcurso de ellos: formé una familia, me casé y tuve dos hijos, mudándome de alquiler en alquiler conforme crecía la familia. Años yendo y viniendo a Posadas entregando y actualizando documentación, hasta que finalmente, en el año 2015 fui adjudicada en el Barrio el Ceibo. Se pagaron en tiempo y forma las 15 cuotas del ahorro previo, se presentó toda la documentación requerida cada vez que fue necesario, incluso cuando a última hora nos avisaban que estaban en la oficina y que teníamos poco tiempo para hacerlo, porque de lo contrario nos quitaban el beneficio. Si!!! Así como lo escuchan, a veces incluso nos amenazaban”, escribió Pisak, este 19 de Octubre en su perfil público.
Compra de vivienda y trámites en el instituto
“Pero lejos de hacerse realidad el sueño de la casa propia, todo se fue esfumando con el paso de los años. La espera se hizo tan larga que con mi pareja decidimos buscar otra opción y así llegamos al barrio Virgen de Itatí, con la propuesta de una persona que vendía una casa. Es ilegal comprar una vivienda, recuerdo me dijo la Sra. Graciela cuando le consulté en ese momento. A lo que yo respondí: también es ilegal que por compinchismo se la readjudiquen a una persona que no lo necesita como lo hicieron con el sr Bilau en el 2013. No hubo respuesta respecto a mi comentario”, reveló.
“Finalmente nos ‘arriesgamos’: $450 mil, más $60 mil de deuda de la vivienda, más boletas de servicio impagas y un sinfín de arreglos que tuvimos que hacer para poder habitar nuestro tan anhelado hogar. Desde un principio tuvimos la intención de hacer todo legal. Sin embargo, sólo encontramos trabas y más trabas. Cuando pensé que nada peor podía pasar en PLENA PANDEMIA, me llega UNA CEDULA EN LA QUE ME NOTIFICAN UN INMINENTE DESALOJO. La angustia era inevitable, pero las oficinas cerradas y la restricción para circular me obligaron a armarme de paciencia y simplemente aguardar”, sostuvo Pisak.
“El 16 de septiembre las cosas parecían volver a encontrar su rumbo, cuando el Sr. Jorge Miranda se comunica conmigo y me dice que me quede tranquila, que todo marchaba viento en popa para regularizar definitivamente mi situación, actualización de recibo de sueldo y ya”, agregó.
Posible desalojo y acciones legales
“Poco duró la seguridad que me prometían aquel día. Hoy lunes 19 de octubre todo vuelve a ser incertidumbre. La lic. Poschtka, la misma que el 8 de octubre me dijo que estaba resuelta mi situación me llama para decirme que a falta de una constancia que acredite mi estado civil procederán a través de LEGALES. El mundo se me viene abajo nuevamente, escribo esto con tristeza, bronca e indignación. Durante todos estos años he visto y escuchado innumerables historias de familias que, como la mía, llevan años esperando una vivienda, y tienen que ver como impunemente se las entregan a personas que no cumplen con los requisitos, gente con un buen pasar económico, solteros, sin hijos a cargo, etc., etc”, bramó la mujer.
“¿Dicen que procederán legalmente? Pues que lo hagan. Si es más importante un papel que diga que estoy divorciada por sobre el bienestar de mis hijos y su derecho universal a una vivienda. Yo accionaré de la misma forma, porque me han estresado a tal punto que esto afecta mi salud y por ende a mis hijos. Los hago responsables por el agotamiento emocional al que me han expuesto durante todos estos años. No toleraré más tanta injusticia, exijo la resolución inmediata de mi situación, y NO ACEPTO QUE ME DEN EN CALIDAD DE ALQUILER LA VIVIENDA”, aseguró.
“Sres. del IPRODHA: Hagan su trabajo como corresponde y dejen de jugar con la necesidad y los sentimientos de la gente. Sé que no soy la única damnificada por ello en estas palabras que comparto, también hago saber mi solidaridad con todos aquellos que sufren la inoperancia de un ente que debería velar por nuestros derechos y al contrario los vulnera”, sentenció la denunciante.
