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Verón dijo que el de Chapa’í, “no es un conflicto de tierras”

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Arnulfo “Miki” Verón, de la Dirección de Asuntos Guaraníes, aseguró que el cacique de la aldea mbya “cedió derechos” y firmó una “renuncia de 181 hectáreas. Se queda con 17, le da a una inmobiliaria el manejo del resto y asume el costo de echar a sus hermanos que están fuera”, dijo.

Verón dijo que el de Chapa’í, “no es un conflicto de tierras”

El titular de la Dirección de Asuntos Guaraníes, Arnulfo “Miki” Verón, aseguró que el cacique de la aldea mbya “cedió derechos” y firmó una “renuncia de 181 hectáreas. Se queda con 17, le da a una inmobiliaria el manejo del resto y asume el costo de echar a sus hermanos que están fuera (del terreno conservado)”. Según Verón, esto se produce por un “deterioro cultural” y por intereses de criollos que presionaron al cacique para que firme la sesión. El funcionario aclaró que sigue en vigencia la ley 26.160 que prohíbe cualquier desalojo y reveló que esa aldea ya tenía armada su carpeta para la restitución de territorios ancestrales.POSADAS. Finalmente, el Director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Miki Verón, habló del conflicto suscitado por el intento de desalojo de parte de la comunidad mbya de Chapa’í, en San Ignacio, donde están acusados el intendente Esteban Romero y una “patota” de empleados municipales. Verón consideró que “no es un conflicto de tierras”, sino que hubo una “sesión de derechos del cacique Damián”, que asumió el costo de expulsar y maltratar a las familias que quedaron fuera del territorio no cedido. Verón admitió que hubo criollos detrás de la decisión del cacique de “renunciar” a 181 hectáreas que ocupaba la comunidad. Pero evitó mencionar a Romero, que como él, forma parte del partido de la Renovación.

En diálogo con MisionesCuatro, Verón dijo que el cacique de Chapa’í renunció a 181 de las 198 hectáreas ocupadas por la comunidad mbya, cediendo su administración a una inmobiliaria. “Se queda con 17 hectáreas y asume el costo de echar a sus hermanos que están fuera (del territorio conservado). Les corta la luz y el agua”, contó Verón, apuntando contra el cacique. Para el funcionario, estos hechos están vinculados a un proceso de “deterioro y degradación cultural de la vida comunitaria” que se daría en aldeas cercanas a centros urbanos.

Por otra parte, el titular de la DAG, responsable del relevamiento de las comunidades mbya de Misiones en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, resaltó que la aldea de Chapa’í, “ya tenían la carpeta técnica y estaban en condiciones de mensura para la restitución de tierras”. “Esa sesión fue nula, porque además de no haberla consultado con la comunidad, no se puede hacer sesión mientras la ley está en vigencia”, explicó Verón, que brilló por su ausencia cuando fue denunciado el ingreso de empleados municipales de San Ignacio, con motosierras y combustible, para destruir viviendas de familias mbya. De hecho, Verón prefirió no contestar a la antropóloga Ana María Gorosito Kramer, quien aseguró días atrás que en Misiones, se concretaron al menos 9 desalojos de comunidades mbya, en plena vigencia de la ley 26.160.

Mañana es un día clave para esta ley que suspende los desalojos: el senado votaría la prórroga por cuatro años –vence el 23 de noviembre próximo-, en medio de movilizaciones indígenas frente al Congreso y en todo el país.

No obstante las omisiones –lógicas estando implicado un intendente de la Renovación- Verón admitió que hubo intereses inmobiliarios y presiones de criollos sobre el cacique en cuestión, que terminó firmando una sesión altamente perjudicial para la comunidad –pero por sobre todo, una medida ilegal. “Una persona que es sometida a situaciones de extrema vulnerabilidad se debe a que hay blancos que pretenden que él ceda y caiga en esa acción de deterioro cultural y pérdida de pertenencia”, admitió Verón, sin apuntar a quiénes podrían estar implicados en el negociado inmobiliario con las tierras de esta aldea mbya.

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