Política

Alcalde del PAyS entre los 509 firmantes de un documento en apoyo a Cristina

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Carlos “Cali” Goring”, un intendente de “Cacho” Bárbaro, figura entre los 509 alcaldes firmantes de un documento en apoyo a Cristina Kirchner. Este lunes, la fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos condena contra la Vicepresidente por asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.

Alcalde del PAyS entre los 509 firmantes de un documento en apoyo a Cristina

BUENOS AIRES. En un comunicado, jefes comunales de distintos puntos del país -ninguno de Buenos Aires ni de CABA-, denuncian una supuesta “persecución política” contra la Vicepresidente, en momentos en que está culminando el juicio por la corrupción con la obra pública en Santa Cruz. Carlos “Cali” Goring, el intendente de Aurora, es uno de los firmantes del texto que se difundió este domingo, horas antes del pedido de condena de la fiscalía contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Este lunes, el fiscal Luciani pidió una condena de prisión de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidente entre 2007 y 2015.

Un grupo de 509 intendentes del interior del país publicaron este domingo una carta en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien atraviesa la etapa final del juicio oral y público acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada a la defraudación al Estado y por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, entre 2003 y 2015. Entre los firmantes, aparece Carlos “Cali” Goring (Partido Agrario y Social) un hombre que pertenece al riñón político del diputado nacional del Frente de Todos, Héctor “Cacho” Bárbaro, quien aparece alineado con el kirchnerismo duro.

El comunicado de los alcaldes kirchneristas

“Manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”, expresaron en el documento, según publicó Clarín. Allí también hablan de “persecución judicial” hacia la ex presidenta y acusan a la Justicia y los medios de comunicación independientes de instrumentar dicha práctica “violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.

El texto lleva la firma de 509 jefes comunales de Ushuaia a La Quiaca, con un texto que cuestiona a todo el Poder Judicial por no encontrarse a la altura de las circunstancias. Cabe destacar que ningún intendente bonaerense -ni siquiera la camporista Mayra Mendoza-, ni de CABA, firmaron este documento en el que se ataca a la Justicia federal. Y en Misiones, sólo Goring acompañó el planteo.

“Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, concluye el comunicado.

Los fiscales del juicio por la corrupción con la obra pública, solicitaron 12 años de prisión para Cristina Kirchner

Cabe destacar que este el lunes llegó a su fin los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de las audiencias del Ministerio Público Fiscal y solicitaron una condena de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos contra la Vicepresidente, por considerarla penalmente responsable liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado nacional y le causó un estrago de unos 5.321 millones de pesos.

Durante las jornadas de exposición, los fiscales argumentaron que “Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”.

En esta causa, Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, de defraudación en perjuicio del Estado y de incumplimiento de deberes del funcionario público, “en concurso real”. Durante los alegatos Luciani dijo que “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios a lo largo del tiempo, con el consecuente saqueo a las arcas del Estado, es posible encuadrar las maniobras investigadas bajo la figura de la asociación ilícita”.

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