BUENOS AIRES. Tras ocho jornadas de alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, solicitarán una durísima condena contra la Vicepresidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner por la corrupción con la obra pública en Santa Cruz, una causa en la que hay 13 imputados, entre los que sobresalen la ex presidenta, Lázaro Báez, Julio De Vido y José López. “Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, fue lo primero que dijo el fiscal Luciani cuando inició hace dos semanas los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez –el amigo personal del ex presidente Néstor Kirchner.

Según publicó Clarín, el planteo de Luciani anticipa lo que ocurrirá este lunes cuando concluyan las audiencias del Ministerio Público Fiscal: un pedido de condena en duros términos contra la Vicepresidente, acusada de ser jefa de una asociación ilícita, de ser responsable de la defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública y del incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La del lunes, será la novena jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Después de analizar la conducta penal de todos los 13 imputados, el Ministerio Público Fiscal realizará su pedido de condena. Presumiblemente para todos, con distintos grados de responsabilidad.

Ese pedido de condena se sustenta en los argumentos expuestos durante todas las audiencias, donde se analizaron los 51 contratos viales que obtuvo el Grupo Austral (propiedad de Báez) por $ 46.000 millones.

El fenomenal crecimiento patrimonial de Lázaro Báez y de Austral Construcciones

Al respecto, Clarín destaca dos números expuestos por la Fiscalía: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones, un 46.000%. Estas cifras alevosas, están relacionadas –para la acusación- con que la empresa insignia de Lázaro Báez, tuvo como único cliente al Estado durante los tres gobiernos kirchneristas (el periodo de Néstor y los dos mandatos de Cristina Kirchner) Y mientras crecía como empresario de la construcción, Lázaro celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.

“Estamos convencidos que los hechos ocurrieron tal y como los explicamos. Fueron doce años de arbitrariedades, de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años, instalaron un sistema coordinado y sistemático de corrupción”, manifestó el fiscal Luciani en su anteúltima audiencia, transmitida por zoom y disponible en el canal Youtube del Poder Judicial (“Poder Judicial – Videoconferencias, Audio & Video”)

La “asociación ilícita” por la “corrupción estatal” durante los gobiernos de Néstor y Cristina

De acuerdo con el mencionado diario, corresponde aplicar la figura de asociación ilícita, bajo el concepto de la “corrupción estatal”, es decir, un entramado conformado entre funcionarios y empresarios –que además de vincularse por los contratos de obras públicas, mantenían relaciones comerciales privadas- durante los gobiernos kirchneristas. “Cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios a lo largo del tiempo, con el consecuente saqueo a las arcas del Estado, es posible encuadrar las maniobras investigadas bajo la figura de la asociación ilícita”, argumentó Luciani.

La pena máxima para tal acusación es de diez años y para quienes son señalados como jefes asciende a quince años.

Anticipando lo que solicitará como condena, Luciani le adjudicó a Cristina Kirchner la mayor responsabilidad en la denominada “organización criminal dedicada a la comisión de delitos”. Para Luciani “nada se podría haber operado y llevarse a cabo sin la orden y decisión de sus máximas autoridades”.

“Cristina Fernández junto a Néstor Kirchner y crearon la estructura para sustraer fondos a favor del amigo constructor”

Pero fue categórico en cuanto a la Vicepresidente. “La jefa de esta asociación fue Cristina Fernández que desde la cúspide del poder intervino junto a Néstor Kirchner y crearon la estructura criminal para sustraer fondos a favor del amigo constructor, y en una etapa posterior para apoderarse de una porción de los mismos (en relación a las causas por lavado de dinero)”, denunció el fiscal.

Durante la instancia de alegatos los fiscales hablaron de la estructura “montada desde el Estado para favorecer al mismo grupo económico”. En esta línea, Mola y Luciani denunciaron que está probado que hubo licitaciones amañadas, cartelización de la obra pública en Santa Cruz, y un “claro direccionamiento” de los contratos adjudicados a Báez. También presentaron pruebas sobre procesos licitatorios “simulados”, ya que, en muchas licitaciones, sólo competían empresas del Grupo Báez.

Otro de los puntos analizados por los fiscales, tiene que ver con la falta de control por parte de todos los organismos intervinientes, y en cuanto a la obra pública, denunciaron que se “creó un canal exclusivo de pagos millonarios al Grupo (Austral) sin que las obras se hagan, se autorizaron modificaciones de costos y plazos de obras injustificados, se pagaron cuantiosos sobreprecios”.

La defraudación al Estado “mientras Cristina Fernández garantizó un constante flujo de dinero ilegal a favor de Báez”

Todo este proceso desembocó en la defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública, el segundo delito atribuido a Cristina Kirchner. Este delito tiene una pena máxima de seis años prisión. Fue Mola quien señaló que la decisión de invertir sostenidamente en el tiempo, fondos en Santa Cruz, “estuvo acompañada por la decisión de apoderarse de manera ilegal de parte de esos fondos”.

Todo lo actuado por los imputados “generó un enorme perjuicio a las arcas públicas mientras Cristina Fernández garantizó un constante flujo de dinero ilegal a favor de Báez”, señalaron los fiscales, previo a la última jornada de alegatos en el juicio oral por la Causa Vialidad.

Luego de los alegatos del Ministerio Público Fiscal, tendrán lugar los alegatos de las defensas y finalmente, el veredicto del TOF 2. Se espera que ese fallo, llegaría antes de que culmine el año. Una eventual condena, no impediría a Cristina Kirchner, postularse a un cargo electivo, porque la condena será apelada y no quedará firme. Pero tendrá un impacto en la imagen pública de la Vice. Y más importante para ella: impactará en otras causas que enfrenta por lavado de dinero –un juicio que no está definitivamente archivado.