BUENOS AIRES. La Cámara Federal porteña ordenó reabrir el tramo central de la causa que investigaba el vacunatorio VIP kirchnerista que funcionó en el Hospital Posadas y el Ministerio de Salud de la Nación, cuando Ginés González García estaba al frente de la cartera. Esta causa había sido archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti, pero la Cámara dispuso que se investigue la responsabilidad de quienes se vacunaron de forma irregular, entre los que aparecen, funcionarios, periodistas y hasta un ex presidente.

Con las firmas de los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, la Cámara hizo lugar a un planteo del fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, que había cuestionado el fallo de Capuchetti.

Según La Nación, respecto a los beneficiados con vacunas anticipadas y sobre quienes la jueza decidió no avanzar, el tribunal dijo: “El mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.

Los camaristas dijeron que “será necesario indagar” qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación. Y “quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, indicaron.

La orden de avanzar sobre los vacunados VIP

Asimismo, los camaristas dejaron en claro que debe investigarse a los “vacunados VIP (“Very Important Person”, o “persona muy importante” en inglés). “Sobre estos últimos (los que se adelantaron en su inmunización) deberá enfocarse la investigación. Y ello no solo al describir el objeto del proceso, sino también en cuanto a los sujetos pasivamente legitimados pues, como señaló la PIA, es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada. Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al solo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, argumentaron los camaristas.

Con esto, resulta evidente que los camaristas hacen alusión a los vacunados VIP que fueron inscriptos como “personal de salud”. Más concretamente, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini y su esposa. Pero también el propio presidente, Alberto Fernández. Ahora, la justicia deberá investigar si ellos mismos se definieron como tales cuando no lo eran.

Para los jueces, hasta tanto la jueza Capuchetti no investigue todo esto “cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”. En consecuencias, para seguir adelante, los camaristas le pidieron a la jueza que tenga “en consideración las medidas de prueba sugeridas” por fiscal Rodríguez.

El archivo de la causa

Cabe recordar que el 8 de julio pasado, Capuchetti archivó “por inexistencia de delito” el expediente del Vacunatorio VIP. Para la jueza no existía un delito penal que castigara a un funcionario público por haber otorgado “tratos especiales”. Según ella, de todos modos, los VIP cumplían con los requisitos para formar parte de alguno de los grupos prioritarios. Es que, entre los beneficiados están varios mayores de 60 años, como el periodista Horacio Verbitsky y el ex presidente Eduardo Duhalde. Pero también figuran otros que no están dentro de los grupos de riesgo del coronavirus.

De hecho, Capuchetti cerró el caso respecto de la mayoría de las dosis aplicadas con privilegio. Pero lo dejó abierto solo para investigar al exministro de Salud Ginés González García por las vacunas que recibieron las hijas de Eduardo Duhalde y tres personas más. Para esta jueza no hubo delito de parte de 65 de los 70 vacunados VIP. Había considerado que esas personas eran parte del grupo de “prioritarios” para vacunarse. Ello sin ahondar en los motivos para anotar a Zannini como “personal de salud”.

La vinculación política con el Olivos-Gate

Por otra parte, cabe remarcar que el fallo de la Cámara cobró más relevancia aún, por la vinculación con el “Olivos-Gate”. Es decir, con el escándalo por la violación del aislamiento preventivo del presidente Alberto Fernández, en el cumpleaños de su pareja, el 14 de Julio del 2020, en plena cuarentena dura. Es que, días atrás, cuando presentó su pedido de sobreseimiento en la causa por la violación de la cuarentena, Alberto citó como un argumento para defenderse el fallo de Capuchetti. Pero ese fallo quedó sin efecto este lunes. Esto representa un nuevo revés político y judicial para Alberto. Y para el Frente de Todos.

El Presidente citó el tramo en el que Capuchetti había escrito: “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia pena”.

Tal fue el argumento de Capuchetti para archivar la causa. Y el mandatario apeló a la misma idea, para que le archiven la causa por violar su propio DNU. Es decir, el decreto que ordenaba una cuarentena estricta. Sin embargo, la Cámara insistió en que era necesario profundizar el análisis. Y hacer una revisión penal que superara “el mero juzgamiento ético”.