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Primera reunión convocada por el Gobierno del Observatorio de Víctimas

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó la primera reunión del Observatorio para las Víctimas del Delito, en que se comenzaron a definir los principales lineamientos para su instrumentación en todo el país.

Primera reunión convocada por el Gobierno del Observatorio de Víctimas

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó la primera reunión del Observatorio para las Víctimas del Delito, en que se comenzaron a definir los principales lineamientos para su instrumentación en todo el país.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”176640″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El Gobierno reglamentó el 9 de mayo último la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas, aprobada el año pasado en el Congreso y que garantiza representación jurídica a los damnificados.

Garavano expresó su optimismo sobre “el cambio de paradigma que se está dando en materia penal”, y señaló que en las próximas semanas se presentará formalmente el anteproyecto de reforma del Código Penal, que contempla cambios para darles más protagonismo a quienes sufren ese tipo de violencia.

“La idea es poner en marcha el Observatorio y que podamos llegar a los distintos actores y hacer un seguimiento y análisis de los centros de atención a las víctimas en todo el país”, dijo el ministro en la reunión.

La Ley crea el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) que tendrá puntos de atención en los 89 Centros de Acceso a Justicia en todo el país y articulará acciones con otras agencias del Estado.

Las víctimas, a su vez, contarán con la línea telefónica 149 para la contención y derivación de casos, las 24 horas, todos los días del año.

Del encuentro de trabajo participó también la coordinadora del Observatorio, Luciana Carrasco, quien adelantó que el organismo tendrá presencia en todas las provincias.

También el relevamiento de buenas prácticas vinculadas con la atención a los damnificados y protección de sus derechos y realizará un monitoreo, seguimiento y análisis de la problemática, con el objetivo de trazar políticas públicas eficaces.

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