“Chile vivió una nueva y triste jornada de violencia y destrucción, que estoy seguro causó dolor, angustia y temor a la inmensa mayoría de los chilenos “, dijo acompañado del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y los subsecretarios Rodrigo Ubilla y Katherine Martorell.

Piñera se refirió a los episodios ocurridos ras la segunda jornada de huelga general, que congregó en una manifestación multitudinaria a diversos colectivos en la sexta semana de reclamos del estallido social que comenzó el 18 de octubre.

Pese al “enorme y sacrificado despliegue y esfuerzo que realizaron Carabineros y la Policía de Investigaciones, lamentablemente en muchos lugares el orden público fue sobrepasado y la seguridad ciudadana fue vulnerada”, afirmó.

“La violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad, la violencia ha significado dolorosas pérdidas de vidas humanas y muchas personas lesionadas; la violencia está destruyendo valioso patrimonio, tanto público como privado y símbolos, está dañando profundamente nuestra economía”, dijo.

En ese contexto, el mandatario llamó a todos los sectores a “condenar la violencia” sin ambigüedades, puesto que “la delincuencia organizada y la violencia criminal le están causando un daño gigantesco a nuestro país”.

Tras dos días de huelga general progresiva convocada por la Mesa de Unidad Social (MUS), el gobierno busca retomar la iniciativa política abriendo la ronda de diálogo con ese bloque opositor, que reúne a más de 150 organizaciones sociales, mientras se acrecientan las denuncias por violaciones de derechos humanos por la represión desatada en seis semanas de protestas.

La invitación del ministro del Interior, realizada el viernes pasado, se dirigió al bloque sindical del MUS, que está integrado por otros cinco espacios (feministas, ambientalistas, educativo, poblacional y académico), en una nota donde subraya la necesidad de que la reunión sea “a la brevedad posible, para comenzar un diálogo y en este camino, que es una tarea de todos”.

El documento, titulado “Pliego de los y las trabajadoras de Chile”, expone 10 puntos en torno a los cuales el grupo quiere abrir la discusión: un salario mínimo nacional equivalente a 650 dólares, efectivo derecho a huelga, jubilaciones mínimas equivalentes al salario mínimo, canasta de servicios básicos protegidos, una modificación tarifaria al sistema de transportes, entre otros.

Entre los puntos más relevantes, señala el dirigente, figura “una nueva Constitución elaborada a partir de una Asamblea Constituyente”.

Este punto, acordado por un grupo de legisladores el pasado 15 de noviembre, aún aguarda definiciones sobre la “letra chica” (paridad de género en la Asamblea Constituyente, cupos a pueblos originarios y quórum de aprobación), además de concitar el rechazo de un porcentaje significativo de los manifestantes que lo consideran un acuerdo “cupular”.

En la MUS hay un acuerdo transversal para exigir el fin de las violaciones de derechos humanos, un flanco que golpea al gobierno del presidente Sebastián Piñera tras los lapidarios informes entregados en los últimos días por Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch.

El pasado domingo, Piñera anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia, en medio de la crisis social.

La iniciativa incluye la exención penal para los integrantes de las fuerzas de seguridad.