BUENOS AIRES. Cuando concluya la feria, el juicio de corrupción en la obra pública contra Cristina Kirchner tendrá un testimonio de peso. Será el del presidente Alberto Fernández que declarará el 8 de febrero por pedido de su propia vicepresidenta. Lo hará por su rol como jefe de Gabinete y, dado su cargo, podrá presentar un escrito.

De acuerdo con Clarín, no será el único testigo de alto impacto que pasará por los tribunales y por pedido de Cristina. El 1 de febrero, en la primera audiencia tras la feria, será el turno del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que declarará por su rol como secretario de Legal y Técnica -cuando Cristina Kirchner gobernaba- y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

También desfilarán Sergio Massa, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros. Por supuesto se descarta que todos declararán a favor de la ex presidenta.

Cristina Kirchner había conseguido que los ex jefes de gabinete de sus dos gobiernos, como el de Néstor Kirchner, no declaren en plena campaña electoral. El Tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, hicieron lugar a ese pedido y avanzaron con otros testigos.

La inclusión de los ex jefes de Gabinete más otros 100 testigos fueron sugeridos por la defensa de Cristina a cargo de Carlos Beraldi. Después de Zannini y Abal Medina declararán el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el gobernador chaqueño Jorge Capitanich. Y el 8 de febrero, con Alberto Fernández, también declarará el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Los jueces del Tribunal explicaron que el Presidente, al igual que el titular de la cartera de Seguridad, pueden declarar por escrito como contempla el artículo 250 del Código Procesal Penal. Esta excepción rige también para Massa y Capitanich.

Los procesados por la corrupción con la obra pública en Santa Cruz

El juicio por el presunto direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz, inició en mayo de 2019. Con trece imputados, la vicepresidenta es la principal acusada. Está procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Lázaro Báez. Así lo plantea el requerimiento fiscal tras analizar todas las licitaciones adjudicadas al Grupo Austral.

Además de Cristina, el juez Julián Ercolini procesó a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) como integrantes del Ministerio de Planificación, de quien dependía Vialidad Nacional. El listado de acusados incluye a Lázaro Báez, quien –según la imputación- recibió medio centenar de contratos “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”.

La Justicia sostiene que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública. Para la acusación “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”. Fueron 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Durante la instrucción, la fiscalía determinó a través de una auditoría que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.

La estrategia de defensa de Cristina, con el aval de Alberto y Massa

Para refutar la idea de “direccionamiento”, Cristina Kirchner sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública se trataron de “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos”. Y que ella no firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado. La vicepresidenta sostiene que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso. Y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.

En base a ese criterio, Cristina Kirchner pidió que declaren los ex jefes de Gabinete como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública. Por entonces no se había constituido el Frente de Todos y la ex presidente estaba enfrentada con Massa y Alberto Fernández. De ahí que no solicitara que ellos declaren.

Cuando fue indagada en el juicio, días previos a asumir como vicepresidenta, en su explosiva declaración se dirigió al TOF 2 y dijo: “Van a tener un problema si llaman a los ex jefes de Gabinete, porque van a tener que llamar al Presidente de la República. Pero será interesante escucharlo”, sostuvo.

Finalmente, el Tribunal fijó para febrero cuando regrese la actividad judicial, la fecha para este grupo de testigos sugeridos por la vice en el único juicio que tiene en su contra en pleno desarrollo. En 2021, Cristina logró cuatro sobreseimientos sin la realización del juicio oral. Todo un récord para alguien que se dice “perseguida judicialmente”.