BUENOS AIRES. Desde la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en el Indec, expresaron a través de un comunicado de prensa su “más profundo rechazo a este nuevo atropello a nuestros derechos”, tras confirmarse que el gobierno nacional pagará los aguinaldos en cuotas en el citado organismo.
“El 37% de lxs trabajadorxs del sector público nacional cobrarán este medio aguinaldo en 3 cuotas pagaderas en julio, agosto y septiembre, según lo dispuso el presidente Alberto Fernández en un decreto de necesidad y urgencia publicado hoy en el Boletín Oficial. Hecho que se suma a la suspensión de la paritaria nacional”, fustigaron desde ATE – Indec.
“Entendemos la crítica situación que atraviesa el país y el mundo, pero nuevamente el hilo se corta por lo más delgado, lxs trabajadorxs y jubiladxs. Mientas que el impuesto a las grandes fortunas no pasa de ser mera una declaración pública, el recorte a nuestros salarios es un hecho”, acotaron.
“Insistimos en que los recursos para campear la crisis deben salir de los grandes ganadores de los últimos años, como bancos, mineras y entidades de renta financiera entre otros, a lo que debe sumarse el tan mentado impuesto a las grandes fortunas”, sostuvieron.
Alerta sobre los efectos para los contratados y monotributistas
Asimismo, desde la junta interna advirtieron que “muchxs de estxs trabajadorxs son categorías bajas, que se hacen acreedores de dichos montos en virtud de haber trabajado más de 20 años y se ven perjudicados por este arbitrario monto que impone el Poder Ejecutivo Nacional”.
Por otra parte, “no podemos dejar de resaltar la situación de lxs trabajadorxs monotributistas, que ni siquiera perciben aguinaldo (o bonos, adicionales, pluses salariales, presentismo, etc) y que esperan desde hace años se solucione su precarizada situación”.
“Lxs trabajadorxs estatales venimos soportando pérdidas que se vienen acumulando y que el Estado empleador aún no ha demostrado ninguna voluntad de subsanar. Peor aún, esta medida es el visto bueno para que gobiernos provinciales, municipales o el sector privado adopten el mismo criterio”, cuestionaron desde el sector. Y exigieron que el Estado deje de “usar a los trabajadores como variable de ajuste”.
