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Pidieron el juicio político de los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner en las causas por lavado

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Ricardo López Murphy, junto a otros denunciantes, realizó una presentación en el Consejo de la Magistratura contra los magistrados del TOF 5 Adrián Grünberg y Daniel Obligado. Los acusó de mal desempeño y del delito de prevaricato por el sobreseimiento a los imputados en la causa unificada Hotesur – Los Sauces.

Pidieron el juicio político de los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner en las causas por lavado

BUENOS AIRES. El diputado electo por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy pidió el juicio político de Adrián Grünberg y Daniel Obligado, los jueces que, el viernes último, sobreseyeron a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, más los empresarios K, Cristóbal López y Lázaro Báez, y dispusieron que no se hiciera el juicio de la causa por lavado de activos y asociación ilícita, conocida como el caso Hotesur – Los Sauces.

Los acusó de “mal desempeño” de sus cargos y del delito de prevaricato, que castiga con una multa e inhabilitación absoluta y perpetua al “juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

Según La Nación, López Murphy hizo su presentación este lunes en el Consejo de la Magistratura, el organismo que controla la actuación de los jueces. Firmó el pedido de juicio junto con otros dirigentes de su espacio político. Entre ellos resalta el nombre de María Eugenia Talerico. Fue vicepresidenta de la Unidad de Información Finaiciera (UIF), el organismo antilavado, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los argumentos de la presentación contra los magistrados K

De acuerdo con la denuncia, Grünberg y Obligado “han adecuado su decisión con la finalidad de obturar la celebración del juicio oral y público” y firmaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner “desatando un verdadero escándalo jurídico.”

Según la acusación, “los magistrados tergiversaron de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a Cristina Kirchner y al resto de los acusados so pretexto de supuestas ‘novedades’ que jamás podrían reputarse como tales y que exceden los supuestos legalmente habilitados por las normas procesales para tratar la cuestión”.

Además, omitieron “considerar todo lo actuado y decidido durante años” por los jueces que intervinieron antes en la causa y consideraron que debía ir a juicio, “eliminando con este plumazo” la instancia del debate oral y público, teniendo incluso prueba pendiente que el propio tribunal había ordenado.

Jueces que “atropellaron el ordenamiento jurídico deliberadamente” y la “vía fraudulenta” para cerrar el expediente

Los denunciantes sostuvieron que su planteo no obedece a una diferencia de criterio jurídico con los jueces. “No cuestionamos lo actuado por los jueces por divergencias en la interpretación jurídica o por disentir en la valoración de los hechos (eso no es causal de juicio político), sino porque estos jueces atropellaron el ordenamiento jurídico deliberadamente, impidiendo indebidamente el desarrollo del juicio oral y público, tal como lo fuera solicitado por el fiscal del caso y la jueza, en disidencia, Dra. Palliotti”, afirmaron.

También cuestionaron “la celeridad inusitada observada para resolver el caso” y consideraron que los jueces eligieron una “vía fraudulenta” para cerrar el expediente. “Resulta imprescindible la apertura de una investigación por mal desempeño, en los términos del art. 53 de la Constitución Nacional, y por la eventual comisión del delito de prevaricato”, dijeron.

Según la denuncia, los jueces sobreseyeron a Cristina Kirchner “concentrando su actividad en descalificar arbitrariamente tipos penales, aplicando una doctrina de ultra actividad de la ley penal más benigna en un caso de delito continuado para afirmar que no se cometió el delito de lavado de activos, sosteniendo sin fundamento la violación del principio del non bis in ídem con relación al delito de asociación ilícita y descartando el delito de dádivas con ligera interpretación de las reglas del concurso ideal”.

Grünberg, el integrante de Justicia Legítima que fue clave para el sobreseimiento

Los jueces apuntados en la denuncia son dos de los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 5: Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que es subrogante y este martes deja de intervenir en las causas de este tribunal. Su tribunal oral de origen es el N°1 y subroga una vacante del TOF 5 hasta fines de este mes. Aunque ya no forma parte de la agrupación, estuvo en las filas de Justicia Legítima desde su fundación.

La presencia de Grünberg como juez suplente en este tribunal fue clave para conformar mayoría con su colega Obligado. Como en el Tribunal Oral Federal N° 5 había una vacante, hace dos años fue sorteado para integrar el tribunal. Su suplencia termina el martes, por eso el apuro para sacar el fallo, dado que si no se hubiera sorteado otro juez y hubiera cambiado la integración del tribunal. Y eventualmente las mayorías.

Grünberg fue uno de los magistrados que apoyó el proyecto de “democratización de la Justicia” de Cristina Kirchner. Antes de ser nombrado juez del Tribunal Oral Federal 1 (llegó por concurso en 2009) fue cinco años secretario letrado de Carmen Argibay en la Corte Suprema. Reconoce como su maestro a Raúl Zaffaroni.

Obligado, el juez que benefició a Boudou

En cuanto a Obligado, empezó su carrera judicial como auxiliar en un juzgado de instrucción, con la jueza María Servini. Es socio de la Asociación de Magistrados y simpatizante de la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más cercanas al kirchnerismo.

Este año, le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou en el Caso Ciccone en plena pandemia y contra la opinión de los fiscales. Una vez que Boudou fue a su casa, al Corte confirmo su condena, pero Boudou nunca más volvió a prisión a cumplirla porque Obligado entendió que debía seguir en libertad. Así pasó el tiempo y Boudou, ya en su casa pidió la libertad condicional por el tiempo transcurrido desde su condena.

La obtuvo merced a un sospechoso cómputo de sus días preso que hizo Obligado, por los estudios cursados en prisión. Esto le permitió acelerar la progresividad del cumplimiento de la pena y quedar en libertad antes de tiempo.

También sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa Memorándum con Irán, al entender que no era delito la firma de ese convenio. Lo hizo en un voto en el que analizó los elementos de prueba que había mencionado el fiscal Nisman en su denuncia y los descartó.

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