POSADAS. El Secretario de Gobierno municipal, Fabián Florentín, retomó su actividad luego de la licencia por el escándalo suscitado al conocerse que es Alimentante Moroso y salió a decir que el municipio no puede acceder al pase a planta de 700 puestos que solicita el Soemp (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas), porque están impedidos por una legislación vigente.
En diálogo con MisionesCuatro, el llamado “funcionario patriarcal” que adeuda cuotas alimentarias por la manutención de su hija, argumentó que no pueden cumplir con el pedido de pases a planta de los 700 empleados precarizados que solicita el Soemp, porque se lo impiden las normas vigentes. Menos aún pueden hacerlo cuando están terminando la gestión y podrían complicar las arcas municipales del intendente electo, Leonardo Stelatto.
“Se imaginan si cada intendente pasa a planta a una cierta cantidad de personas antes de irse qué le queda para el que asume”, planteó Florentín, olvidando el festival de nombramientos y pases a planta orquestado por la ex presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Solari –hoy senadora nacional por la Renovación K- y su jefe, el ex alcalde Orlando Franco –actual vicepresidente primero de la Legislatura misionera.
“Sabemos y entendemos la situación pero no podemos. El acuerdo en abril se cumplió en cuanto al pago de las retribuciones pero no podemos cumplir con algo que la ley no lo permite”, aseguró Florentín, que recordemos, ejerció los cargos de diputado provincial, concejal de Posadas y ahora, Secretario de Gobierno, siendo deudor de cuotas alimentarias y, peor aún, estando inscripto en el Registro de Alimentantes Morosos.
Que se cumpla la ley, pero no la del Registro de Alimentantes Morosos
Cabe aclarar que el abogado Florentín, que recuerda la necesidad de cumplir con la disposición vigente para impedir el pase a planta de los precarizados contratados bajo la gestión del intendente Joaquín Losada, es el mismo que juró en cargos públicos violando lo que ordena la ley provincial de Alimentantes Morosos, que prohíbe expresamente que un deudor alimentario asuma o ejerza cargos estatales.
Dicho sea de paso, Florentín evitó precisar puntualmente, qué normativas impiden el pase a planta de los precarizados. Es decir, evitó indicar los pormenores de la legislación que regula los nombramientos en planta. Como sea, un funcionario que no respeta la ley, difícilmente pueda resultar creíble cuando pide que se cumpla con normativas vigentes.
