Posadas

Sin referirse a la crisis habitacional, Penayo rechazó desalojo en chacra 190

El defensor del Pueblo, Alberto Penayo, cruzó con dureza al juez de instrucción nro. 3, Fernando Verón, por dictar una orden de desalojo contra 60 familias de un asentamiento ubicado entre las avenidas Areco (115), Urquiza, Alem y Monseñor D’Andrea en Posadas. Sostuvo que las familias están amparadas por la ley nacional 27.453 que “determinó cuáles son los lugares afectados, declarados de utilidad pública”.

Sin referirse a la crisis habitacional, Penayo rechazó desalojo en chacra 190

POSADAS. Con críticas al juez de instrucción 3, Fernando Verón, la Mesa Interinstitucional y Multisectorial (MIM), que integran la ministra de Derechos Humanos, Lilian “Tiki” Marchesini, el diputado rovirista, Roque Gervasoni, su par del PAyS y jefe del Movimiento Evita, Martín Sereno y el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, hicieron una presentación para rechazar e impedir el desalojo de unas 60 familias de la chacra 190, ubicada entre las avenidas 115, Urquiza, Monseñor D’Andrea y Alem.

En el asentamiento habría unas 48 construcciones con no menos de 63 niños, que quedarían en la calle si se concreta la orden de desalojo del cuestionado juez Verón.

Este miércoles, los pobladores en riesgo de ser desalojados, acompañados por las organizaciones CCC y Barrios de Pie entre otras, se presentaron en la Defensoría del Pueblo de Posadas, donde se realizó una conferencia de prensa con los mencionados funcionarios y diputados.

Sin palabras sobre la demanda habitacional en Posadas

Al ser repreguntado por MisionesCuatro sobre la demanda habitacional, el Defensor del Pueblo prefirió evadir el tema, poniendo el foco en que la ley nacional del régimen de regularización dominal para la integración socio urbana, ampara a los vecinos que serían desalojados este viernes, si se mantiene firme la orden de Verón.

Penayo habló con MisionesCuatro e insistió en que no se puede “desalojar a estas familias y dejarlos en la calle”. Según el Defensor del Pueblo que las familias están amparadas por la ley nacional 27.453 que “determinó cuáles son los lugares afectados, declarados de utilidad pública”. “Ahí también está garantizado el patrimonio del titular, pero es un proceso”, sostuvo con referencia al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que suspende en Misiones cualquier tipo de desalojo.

Desde luego, cualquier desalojo donde familias con niños queden en la calle, golpea políticamente a Penayo y al gobierno municipal y provincial. De ahí parece surgir el interés de Penayo por evitar conflictos sociales que se originan en la enorme demanda habitacional existente en Posadas.

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