POSADAS. A través de una cédula de notificación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas informó al estudio jurídico que representa a los familiares del joven Mario Golemba (desaparecido en Misiones desde el 27 de marzo de 2008), que la Justicia Federal se declara competente para investigar el caso, y que dicha investigación se llevará a cabo bajo la figura de “desaparición forzada de persona”.

Se trata de un delito imprescriptible, contemplado en la Ley 26.6793, cuyo artículo 142 enuncia que:  “Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.

Según fuentes con conocimiento de la causa, la cédula emitida por el Poder Judicial de la Nación, informó que se delega la instrucción de la causa al Ministerio Público Fiscal, constituyendo como querellantes a Irma Komka (mamá de Mario) y a Eliezer Golemba (hermano de Mario). Ambos serán representados por el abogado Rafael Pereyra Pigerl. Su estudio jurídico está radicado en la ciudad de Oberá.

Un crimen imprescriptible

“Es sumamente importante que la Justicia Federal asuma la investigación del caso. Y con una carátula que considera la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad. Por tanto, es imprescriptible. Esto le da un marco totalmente diferente a lo que venía ocurriendo con la causa judicial de Mario, que en 13 años no tuvo avances”, señalaron fuentes cercanas a la familia del joven desaparecido.

Otro aspecto importante en la resolución del Justicia Federal, es que se dio intervención directa en el caso a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), un área del Ministerio Público Fiscal destinada a “otorgar impulso a las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilícitas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas en estado de vulnerabilidad”.

También ya actúa en el caso, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), entre cuyas funciones figuran: “asegurar un abordaje interdisciplinario y especializado frente a las víctimas de ciertos fenómenos delictivos complejos, que por diferentes factores quedan situadas en condiciones de máxima vulnerabilidad y desamparo, y cuyo acompañamiento a lo largo del proceso penal resulta imprescindible”.

En tanto, Eliezer Golemba indicó que “la intervención de estos dos organismos aporta un marco de protección a nosotros los familiares. Y a todas aquellas personas que están en condiciones de aportar datos que sumen al esclarecimiento del caso”, dijo en un comunicado.

Las implicancias políticas del caso

La novedad judicial no sólo es significativa por tratarse del caso más representativo en Misiones, de la desaparición de personas en Democracia.

Además, contiene una fuerte arista política. El abogado querellante es un diputado provincial de la Renovación, que este 6 de Junio resultó reelecto. Mientras que los principales responsables políticos de la “desaparición forzada” son el ex gobernador y actual senador Maurice Closs. Y también el ex Ministro de Gobierno y actual legislador provincial Jorge Franco. Entre otros, claro.

En caso de que la justicia federal avance sobre la pista que apunta a los apremios ilegales por parte de efectivos policiales, y se corrobore la “desaparición forzada”, habría repercusiones de gran magnitud en la cúpula de la Renovación. Más precisamente, en el ala “clossista” del partido que gobierna Misiones desde 2003 a la fecha.

Es que, en 2008, Closs y Franco eran los responsables por la seguridad de los misioneros. Pero no sólo no colocaron el caso Golemba como principal agenda pública de Misiones. Además, habrían entorpecido la investigación. Según denunció públicamente la familia, Closs se comunicó sólo una vez con ellos. Y se negó a habilitar una parte de la recompensa de 100 mil pesos para un posible informante. El cual resultó ser un policía.