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Lamentan la posición de Irrazábal y Cabral Arrechea sobre la Ley 26.160

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Desde el EMIPA advirtieron que aumentará la conflictividad social en Misiones si no se prorroga la Ley 26160, que suspende los desalojos a indígenas. Juan Manuel Irrazábal y Salvador Cabral Arrechea, no acompañaron el pedido para que se vote el proyecto de prórroga de la ley.

Lamentan la posición de Irrazábal y Cabral Arrechea sobre la Ley 26.160

Desde el EMIPA advirtieron que aumentará la conflictividad social en Misiones si no se prorroga la Ley 26160, que suspende los desalojos a indígenas. Juan Manuel Irrazábal y Salvador Cabral Arrechea, no acompañaron el pedido para que se vote el proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La referente Kiki Ramírez sostuvo que no hay tiempo para un debate parlamentario –la vigencia cae el 23 de Noviembre- y es indispensable una prórroga que evite desalojos. Además, Ramírez reveló que la Dirección de Asuntos Guaraníes trabajó en contra de los relevamientos previstos por la ley, señalando a los mbya que “las carpetas no tienen validez”. Desde su promulgación en 2009, sólo el 60% de las aldeas fueron relevadas y hubo presiones e irregularidades para que las comunidades firmen relevamientos inexactos. “La mayoría de las comunidades están en terrenos privados, pero ¿a dónde van a ir si los desalojan?”, advirtió Ramírez a MisionesCuatro.com.POSADAS. El miércoles pasado, una mayoría en el Senado postergó para la próxima sesión el tratamiento de un proyecto que prorrogar por cuatro años la Ley 26.160, que suspende los desalojos de tierras de las comunidades indígenas en todo el país, y que vence el próximo 23 de noviembre. Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) pidió tratar sobre tablas un proyecto de su par Magdalena Odarda (Coalición Cívica), pero la votación resultó con 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones. Los senadores por Misiones, una provincia con serios y recurrentes conflictos territoriales con comunidades mbya, votaron en forma dispar: Juan Manuel Irrazábal se abstuvo, Sandra Giménez votó a favor y Salvador Cabral Arrechea, votó en contra. Ante esta situación, desde el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) advirtieron que ven con preocupación que no se prorrogue la 26.160, y anticipan un escenario de gran conflictividad con las comunidades.

Josefa Kiki Ramírez, referente del EMIPA habló con MisionesCuatro.com sobre este tema y señaló que ven con “muchísima preocupación esta postergación, sobre todo si se trata de una postergación para negarse a la prórroga. Si va a significar una instancia de mayor reflexión, bueno, pero vemos una tendencia a no querer prorrogarla. Se vendrían situaciones muy difíciles para las comunidades y para el Estado, que deberá enfrentar una creciente conflictividad”, señaló Ramírez.

Repreguntada sobre la curiosa situación planteada por parte de los senadores de Cambiemos y del kirchnerismo, que pretenden debatir la implementación de la norma a escasas semanas de que pierda vigencia, Ramírez fue contundente: “son excusas. No hay tiempo para un debate. Creo que hay que prorrogarla y después habrá tiempo para el debate. Esta ley no soluciona el tema de fondo sobre los territorios, pero suspende los desalojos (a indígenas). Y por otro lado, el primer paso del reconocimiento de los indígenas es delimitar y relevar el uso del espacio que hacen (las comunidades)”, puntualizó la referente del EMIPA.

“Nos parece que los plazos son muy cortos como para empezar a debatir cómo se va a debatir la ley. Para nosotros es una forma de dilatar y no decir directamente que no quieren la prórroga”, consideró la referente.

En cuanto a la actitud de los senadores Irrazábal (FPV – PJ) y Cabral Arrechea (Frente Renovador de la Concordia Social), Ramírez expresó: “Nos duele que dos senadores por Misiones se hayan negado. Nos llama la atención que estos senadores, sabiendo que hay más de 100 comunidades en Misiones, (voten en contra). Como gobierno deberían estar al tanto del problema y que le den la espalda a las comunidades, nos parece muy grave. No reconocer su prexistencia y sus reclamos son una señal de alarma”, consideró la dirigente, que agradeció el voto positivo de Sandra Giménez, con quien mantuvieron una reunión previo a la votación.Sin embargo, Ramírez aclaró que la implementación de la 26.160 tuvo enormes problemas en Misiones, y recordemos, esta ley comenzó a implementarse en 2009, cuando Giménez era vicegobernadora. “La implementación fue muy irregular. Fue lenta. En algunos lugares se hicieron bien los relevamientos, pero en otro, se hicieron muy mal. Hubo comunidades presionadas a firmar relevamientos con los que no estaban de acuerdo porque faltaban lugares para relevar”, aseveró Ramírez, señalando que las más perjudicadas eran las comunidades más alejadas de Posadas y con menos conocimientos de sus derechos.

Por otra parte, Ramírez denunció que muchas de las carpetas con las que culminaba el relevamiento –paso previo a la entrega de títulos de propiedad comunal a las comunidades-, no fueron enviadas al Instituto Nacional Indígena (INAI) y al gobierno nacional. “Estas carpetas, están sin ser entregadas, pese a que vencieron los convenios con la provincia. Hubo muchísimas irregularidades. Quizás ahora se empezó a implementar con un ritmo mejor. Pero en tiempos pasados, al inicio y en la segunda prórroga, se negaban a entregar los informes. Así se fue implementando”, relató la integrante de EMIPA.

Asimismo, de acuerdo con Ramírez, otro de los problemas que tuvo la implementación de la 26.160 en Misiones, fue la oposición de la cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes que preside el rovirista Arnulfo “Miki” Verón. “Asuntos Guaraníes les decía a los mbya que esos relevamientos y esas carpetas no sirven. Tenían retenidas carpetas (de relevamientos de la ley 26.160) y les decían que no las retiren porque no sirven”, denunció Ramírez, añadiendo que hubo comunidades que no retiraron carpetas por consejo de la DAG.

“Incluso ahora con la comunidad que fue desalojada, Kokuere’í, fue Asuntos Guaraníes a decir que ese relevamiento no tiene validez”, acotó la referente.

De acuerdo con información del INAI, “quizás hay un 60% de las comunidades que estén relevadas, pero eso no quiere decir que se terminó (el proceso), que implica el reenvío de las carpetas del INAI a la provincia. La implementación fue muy difícil, burocrática, lenta e irregular. Hubo muchas falencias a nuestro modo de ver”, insistió Ramírez, denunciando que también faltó información a las comunidades sobre la importancia del relevamiento para la restitución de tierras.

Sin olvidar los últimos casos de intentos de desalojo, en Kokuere’í y Chapa’í, Ramírez indicó que incluso, desde el EMIPA tuvieron que recordarle al juez de instrucción 2 de Posadas César Yaya, que había ordenado un desalojo, que sigue en vigencia la ley 26.160. “La mayoría de las comunidades están asentadas sobre tierras privadas, están en un riesgo muy grande a pesar de que hay un mandato muy fuerte (contra los desalojos). Hay convenios internacionales. (Si no se da la prórroga) estarían dando la espalda a la Constitución y a tratados internacionales. No pueden hacer oídos sordos”, advirtió la referente del EMIPA.

De acuerdo con Ramírez, de caer la vigencia de la ley, se prevé un escenario de mayor conflictividad en todo el país y en particular, en Misiones. “Las comunidades son cada vez son más conscientes de sus derechos, están más organizadas, tienen vos propia y no van a correrse como antes. No se van a correr porque no tienen a donde ir. (De no prorrogarse la ley) estaríamos frente a un abismo de conflictividad y de no sabemos qué, se puede venir. Para nosotros es urgente la prórroga”, sentenció Ramírez.

JMM.

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