[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cambiemos cedió y avaló la extensión. Lo aprobó el Senado. El macrismo pidió que sea por 18 meses, pero no tuvo apoyo ni en su bloque. Sólo el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el relevamiento catastral terminado.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”133726″ img_size=”full” alignment=”center” title=”Foto Voces en el Fénix.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El Senado aprobó y giró al Senado este miércoles una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El proyecto fue aprobado por unanimidad -62 votos- tras una reunión que mantuvieron diputados y senadores con representantes mapuches, qom, wichis, villela, sanavirones, guaraníes, warpes y kollas, que se unieron en el reclamo por la vigencia de la ley, que ya lleva 11 años.
El debate de la norma no sólo se precipitó por su inminente vencimiento -el próximo 23 de noviembre- sino también por el caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado, en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.
Tuvo que ceder
Cambiemos no logró ablandar a la oposición y aprobó la prórroga de la ley emergencia sancionada en 2006 para identificar a las comunidades aborígenes y garantizarle sus tierras.
Como adelantó LaPolíticaOnLine, el oficialismo quería extender el plazo por sólo un año y medio y así lo propuso Ernesto Martínez, durante el debate en particular.
Pero sólo obtuvo 4 votos, o sea, no lo respaldaron ni sus compañeros. “Si mi bloque no me acompaña no voy a proponer más nada”, se indignó el senador macrista.
las comunidades aborígenes acamparon desde el lunes en la plaza del Congreso y esta tarde fueron apoyadas por los partidos de izquierda.
En ese clima, los senadores de Cambiemos aclararon una y otra vez que nunca pensaron en ignorar el tema, pero que la ley exige una sondeo de los pueblos originarios y no tiene sentido prorrogarla eternamente.
“En 11 años de la ley sólo se relevó el 30% de las comunidades aborígenes. Un derecho se consagra cuando se puede materializar”, sostuvo el radical Luis Naidenoff, formoseño, tierra de la comunidad toba.
Pino Solanas explicó que las tierras ocupadas por los indígenas son ahora reclamadas por actividades extractivas y le apuntó al periodismo:.
“No queremos más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado. No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”, dijo el cineasta.
Pichetto admitió que en su bloque se había impuesto la idea de prorrogar la ley 4 años, pero admitió diferencias. “Para mí no existe la tierra sagrada en Argentina. No puede haber ningún espacio argentino que no esté bajo la jurisdicción de las autoridades. Eso no es tolerable desde el punto de vista de la lógica constitucional”, remarcó.
Y aludió al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Seguro que la mayoría de la comunidad mapuche no comparte esa violencia”. (PARLAMENTARIO.COM y LAPOLÍTICAONLINE)
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