En el complejo laberinto legal que rodea la cuota alimentaria, la abogada Cynthia Llanes (MP 473) arrojó luz sobre varios aspectos cruciales que afectan tanto a los padres como a los hijos. Más allá de la mera inclusión o exclusión del apellido del padre en la partida de nacimiento, existen elementos legales fundamentales que determinan la viabilidad de iniciar la cuota alimentaria.

La esencialidad de establecer el vínculo filiatorio se destaca en este contexto. Según el Código Civil y Comercial, las mujeres embarazadas tienen el derecho de iniciar la cuota alimentaria incluso antes del nacimiento, subrayando la importancia de garantizar el sustento desde los primeros momentos de vida.

En situaciones donde el vínculo filiatorio no está claro, se aconseja el uso de una carta documento dirigida al supuesto padre. Este paso previo puede ser crucial antes de recurrir a procedimientos más formales.

Para aquellos que no cuentan con los medios para contratar a un abogado, la Defensoría en el Palacio de Justicia se presenta como una opción accesible. Brindan asesoramiento legal gratuito a quienes proporcionan la documentación necesaria.

El costo de las pruebas de ADN, una herramienta crucial en la determinación del vínculo filiatorio, asciende a aproximadamente 40 mil pesos. Sin embargo, se ofrece la opción de pago con tarjeta de crédito, facilitando el acceso a esta herramienta.

Es crucial destacar que la responsabilidad de la cuota alimentaria se extiende más allá de la mayoría de edad, llegando hasta los 21 años. Si el hijo está cursando estudios, el respaldo financiero puede prolongarse hasta los 25 años, subrayando el compromiso con el desarrollo educativo de los hijos.

En caso de incumplimiento por parte del progenitor, las autoridades pueden buscar garantizar el bienestar del niño a través de descuentos en la jubilación e ingresos de los abuelos. Esta medida busca salvaguardar los derechos y la calidad de vida del menor afectado.

Según la abogada, es común observar que adolescentes se involucren activamente en el proceso legal para demandar el cumplimiento de la cuota alimentaria, evidenciando una conciencia creciente sobre sus derechos y la importancia de un respaldo financiero adecuado.