[vc_row][vc_column][vc_column_text]Apenas unas horas después de que el presidente Donald Trump firmara una orden que restringe el derecho de asilo en la frontera con México, la primera demanda contra el mandatario estadounidense fue presentada en un juzgado.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”208577″ img_size=”full” alignment=”center” title=”Foto DPA.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La demandante es la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país y la cual ya ha retado anteriormente a su administración ante la Justicia por decisiones migratorias.
“Acabamos de presentar una demanda para impugnar la nueva prohibición de asilo del presidente”, anunció la organización. “Ni el presidente ni su gabinete pueden invalidar el claro ordenamiento de nuestra ley, pero eso es exactamente lo que están tratando de hacer”.
“Lo veremos en los tribunales”, manifestó ACLU en su cuenta de Twitter. La demanda fue presentada en una corte federal de San Francisco.
Trump firmó este viernes una orden que impide solicitar asilo a los inmigrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos a través de la frontera con México.
Centroamericanos
La medida se dirige contra los centroamericanos, que son la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sur, en un momento en el que tres caravanas con miles de personas del Triángulo Norte -Honduras, Guatemala y El Salvador- atraviesan México para pedir asilo en la frontera estadounidense.
“La continua y amenazante migración en masa de extranjeros sin base para su admisión en Estados Unidos a través de nuestra frontera sur ha precipitado una crisis que socava la integridad de nuestras fronteras”, asegura Trump en la proclamación presidencial.
Ese texto completa el nuevo reglamento anunciado el jueves por su administración y publicado hoy en el registro federal para impedir la petición de asilo a quienes estén ilegalmente en el país. La orden estará vigente durante 90 días a contar desde este viernes, aunque deja la puerta abierta a que pueda extenderse.
El nuevo reglamento apela a los poderes presidenciales para garantizar la seguridad nacional, el mismo precepto que ya utilizó Trump para el llamado veto migratorio que cerró la entrada al país a ciudadanos de determinados países de mayoría musulmana.
ACLU demandó ya al Gobierno republicano por la separación de familias inmigrantes en la frontera con la que Trump intentó desincentivar la llegada de inmigración ilegal a Estados Unidos. Consiguió que un juez ordenara la reagrupación de las familias y que frenara las deportaciones de los padres.
También demandó a la administración en el controvertido veto migratorio con el que Trump prohibió la entrada en el país de personas de varios países de mayoría musulmana. (DPA)
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