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Acusan a “madre sustituta” de corrupción de menores

Según la acusación que ya tiene curso legal en la Justicia Penal de Puerto Rico, la mujer obligaba a menores alojados en un hogar para niños en situación de vulnerabilidad social, a mantener relaciones sexuales entre sí. El problema de la falta de control estatal sobre hogares.

Acusan a “madre sustituta” de corrupción de menores

PUERTO RICO. Un gravísimo caso de abuso sexual y corrupción de menores conmociona a la comunidad de Puerto Rico y de toda la provincia, al confirmarse la acusación contra una “madre sustituta” por obligar a menores de edad a mantener relaciones sexuales entre sí.

El juez de Instrucción 1 de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, dictó la prisión preventiva contra la acusada, una mujer de 42 años, que oficiaba como “madre sustituta” suplente en un Hogar para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La mujer está imputada por “corrupción de menores agravada” por el rol de guarda.

Por el momento, Balanda Gómez no resolvió el pedido de excarcelación formulado por la acusada, que solicitó cumplir con una prisión domiciliaria por motivos de salud.

Según trascendió en las últimas horas, la denuncia ingresó al juzgado en Noviembre último. Luego de concretarse los testimonios de, al menos seis menores (mujeres y varones) de entre 13 y 16 años en Cámara Gesell, Balanda Gómez, dictó la prisión preventiva.

La denuncia y el problema de la falta de control en hogares

Esta denuncia fue presentada por una docente del Hogar, quien tomó conocimiento del delito por la revelación de una adolescente alojada en la institución. Según la menor, la “madre sustituta” las obligada a tener relaciones sexuales entre sí. Esta acusación fue ratificada por todas las víctimas ante Cámara Gesell en los primeros días de diciembre.

De acuerdo con lo que se hizo público este miércoles, los seis menores fueron examinados por médicos clínicos y también recibieron asistencia psicológica. Se realizaron allanamientos en el hogar en cuestión y en el domicilio de la acusada. La justicia incautó celulares y computadoras para las correspondientes pericias.

El caso vuelve a desnudar el problema de la falta de control estatal sobre los hogares de este tipo, en el que menores judicializados quedan bajo custodia de personas a las que no se les realizó pericias psicológicas, previo a asumir un rol que demanda la mayor escrupulosidad posible.

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