BUENOS AIRES. Este marte, los dirigentes de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico, Marina Kienast y Roberto García Moritán, patrocinados por el abogado José Magioncalda, presentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una ampliación de la denuncia que habían efectuado el pasado 29 de noviembre.
Esta fue dirigida contra los magistrados del Tribunal Oral Criminal Federal N°5, Dres. Daniel Obligado y Adrián Grünberg por las causales previstas en el art. 25 Ley 24.937, y en relación al reciente sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”. En la ampliación presentada este martes, los firmantes aportan como hecho nuevo el recurso de casación presentado por el Fiscal Federal Diego Velazco, contra el mencionado sobreseimiento.
Duros cuestionamientos a los jueces que beneficiaron a Cristina Kirchner y sus hijos
Según un comunicado de Republicanos Unidos, en dicho recurso el Fiscal se expresa en duros términos contra la decisión recurrida. “El Tribunal incurrió en una resolución totalmente arbitraria al poner fin a este extenso y públicamente estrepitoso proceso de una manera irregular, tomando como ‘novedosos’ argumentos repetidos por las defensa hasta el hartazgo desde el inicio de las actuaciones y llamativamente agregando otros argumentos motu proprio, para evitar así la celebración de un debate oral y público”, suscribe el escrito de Velazco.
“Esto sin contar en autos con la totalidad de la prueba solicitada por las partes (y por ende, sin posibilidad de controvertirla) y de tal modo, desvinculando a todos los imputados de la acción penal, quitándole a esta Fiscalía General ejercer la función de perseguirlos penalmente en representación de la sociedad toda, convirtiendo a la resolución recurrida en una cuestión de gravedad institucional en sí misma y no solo por los hechos involucrados”, finaliza el recurso del fiscal.
Ante este documento y en su presentación de este martes, los integrantes de Republicanos Unidos sostuvieron que “no puede dejar de evidenciarse que el obrar irregular, arbitrario y escindido del ordenamiento normativo vigente que se evidencia del accionar de los magistrados – y que oportunamente denunciamos ante el Consejo – ha trascendido la realidad del expediente, ocasionando una verdadera conmoción social”.
