[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Gobierno y los grupos del sector privado trabajan en alternativas para que acercar inversores a proyectos y reducir costos. Creen que puede haber avances concretos.[/vc_column_text][vc_single_image image=”147412″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Una de las tres prioridades que fijó Argentina para que los países más importantes del mundo trabajen durante su presidencia del G20 es la financiación de las obras de infraestructura, sobre todo en países emergentes. “Es fundamental lograr una mayor participación del sector privado para potenciar la inversión”, planteó como un objetivo principal. Si bien las declaraciones del G20 suelen avanzar a paso cansino por la gran cantidad de intereses contrapuestos, tanto desde el Gobierno como desde organizaciones de la sociedad civil que participan en los grupos de trabajo consideran que este anhelo en particular puede convertirse en políticas e instrumentos concretos.
¿Qué quiere hacer Argentina? El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, respondió en conferencia de prensa, el jueves: “Construir una nueva clase de activos que financien infraestructura”. Y explicó: “En el mundo existe una enorme liquidez en los mercados, pero existe un déficit en infraestructura, porque no existen mecanismos para acumular esa masa de fondos” en proyectos concretos. A nivel local, el país intenta canalizar parte de esa masa de fondo con proyectos de Participación Público Privada (PPP). En el plano internacional la intención del Gobierno es “generar un producto concreto que pueda ser aplicable, luego del G20, a nivel internacional”. Por supuesto, este objetivo está en línea con la necesidad del Ejecutivo de atraer inversiones para grandes proyectos.
Según datos que compiló Hacienda, el Centro de Actividad de Infraestructura Global consignó que nueve de cada diez inversores institucionales buscan incrementar sus desembolsos en infraestructura y no encuentran instrumentos para hacerlo. La inversión en estas obras disminuyó desde la crisis financiera mundial, a pesar de la enorme liquidez que existe en el mundo y de los bajos rendimientos que ofrecen a los inversores los activos financieros de los países desarrollados.
“Argentina considera que el financiamiento de la infraestructura por parte del sector privado es fundamental, dados los limitados presupuestos públicos y capacidad financiera de los bancos de desarrollo multilateral”, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros, consignaron fuentes oficiales.
El economista Martín Rapetti es director de Desarrollo Económico del Cippec, uno de los think tanks que integran el T20, el grupo internacional que, en el marco del G20, debatirá sobre infraestructura, medio ambiente y otros temas considerados de interés global. “El gran desafío es que tenés, por un lado, en todas partes del mundo, un montón de proyectos de inversión con altos retornos económicos y sociales, que podrían redundar en beneficios tanto para quienes los financian como para quienes los utilizan y tienen escaso financiamiento. Y, por el otro, tenés un montón de riqueza que busca rendimientos”, explicó a TN.com.ar desde Bariloche, adonde viajó para participar de la primera reunión de viceministros de Finanzas y vicepresidentes de bancos centrales del G20. “El desafío, entonces, es tratar de construir un puente entre esas necesidades de financiamiento y esa necesidad de mejores retornos”, agregó.
Argentina intenta que el G20 impulse el desarrollo de activos financieros para estos proyectos. “Así como existen bonos de países que se comercian en los mercados financieros, la idea es tratar de estandarizar una clase de activo para los proyectos de infraestructura”, dijo Rapetti. Los inversores institucionales, como fondos de inversión privados y soberanos o aseguradoras, podrían invertir así en activos líquidos, “cuotapartes” o accionones ligadas a la obra pública. Podrían comprar y vender en el mercado un porcentaje de un puente o una represa. Esa liquidez, la posibilidad de adquirir y vender fácilmente el activo, redundaría en una baja en los precios de financiamiento.
Desarrollar estos posibles instrumentos financieros es una tarea compleja. Por eso, según Rapetti, se requiere de coordinación global. “Los organismos multilaterales de crédito pueden ayudar, homogeneizando la información de los proyectos y facilitándole al inversor la comprensión de qué tipo de proyecto tiene enfrente”, dijo.
“De las prioridades argentinas, es la que veo como la más concreta, la que tiene mayor factibilidad de llegar a alguna resolución”, agregó Rapetti.
Entre los inconvenientes que deben sortearse para avanzar en estos proyectos, la diferencia de monedas es uno elemental. El proyecto de infraestructura es en pesos, y a los inversores internacionales deben ofrecérseles rendimientos en dólares. Una devaluación cambiaría la ecuación y encarecería el proyecto o perjudicaría al que pone el dinero. “El principal problema es ese, ver cómo se pueden minimizar esos riesgos”, dijo Rapetti. “El desafío del G20 es ayudar a generar soluciones para esto”, agregó.
A eso dedicarán estudiosos, hombres de negocios y funcionarios de todo el mundo parte de las discusiones del próximo año.[/vc_column_text][vc_facebook][vc_tweetmeme][vc_column_text]
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