BUENOS AIRES. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad, los planteos formulados por Cristina Kirchner para detener el juicio en su contra por la presunta corrupción en la obra pública en la resonante Causa Vialidad, que está llegando a su etapa final.

Según publicó Clarín, se trata de doce recursos en total, todos relacionados al caso que tiene como principal acusada a la Vicepresidente por presunto direccionamiento de los contratos viales a favor del empresario Lázaro Báez –un amigo personal del ex presidente Néstor Kirchner.

En consecuencia, el debate oral continuará con el cronograma fijado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que busca alcanzar su veredicto antes de fin de año.

El revés judicial más importante de los últimos tiempos para la Vicepresidente, lleva las firmas de los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, que avalaron el juicio que comenzó en mayo de 2019, por el presunto direccionamiento –y corrupción- en la obra pública de Santa Cruz.

Los doce recursos extraordinarios para que no continúe el juicio por la causa Vialidad

La mayor cantidad de recursos extraordinarios –fueron 12- rechazados este martes, los presentó Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Tres de ellos eran centrales, porque buscaban dejar sin efecto el debate oral y público que culminaría antes de fin de año. Desde luego, si Beraldi y Cristina se vieran con posibilidades de conseguir la absolución, difícilmente solicitarían la anulación del juicio.

De acuerdo con el mencionado diario nacional, en uno de los recursos, Cristina había solicitado una pericia contable de toda la obra pública en todas las provincias. Ante este planteo la Corte entendió que no existe la arbitrariedad planteada por la Vicepresidente respecto de la prueba impulsada en base a cinco obras emblemáticas. Cristina pretendía una pericia sobre las 51 obras analizadas, pero la Corte denegó la queja “por falta de sentencia definitiva”.

“Se desestima el agravio referido a la posible afectación del derecho de defensa de la imputada, destacando que el tribunal oral se limitó a ejercer las funciones que le son propias y que también rechazó pruebas ofrecidas por los acusadores”, indica el fallo de la Corte.

No hay “gravedad institucional” por la continuidad del juicio, como pidió Cristina

A este respecto, los ministros de la Corte aclararon, en respuesta al planteo de Cristina Kirchner, que “se descarta la existencia de ‘gravedad institucional’”. Y explicaron que no puede afectar “la buena marcha de las instituciones democráticas” el rechazo de un planteo que “puede retomarse en instancias posteriores”.

En otras palabras, para la Corte no es de gravedad institucional que exista una condena por corrupción contra la Vicepresidente, como “jefa de una asociación ilícita” dedicada a privilegiar al empresario Lázaro Báez en el reparto de obras públicas multimillonarias en Santa Cruz. Ello en virtud de que Cristina Kirchner puede apelar la sentencia. Para Cristina y sus abogados, el juicio no debería llegar a un veredicto.

En otro de los planteos, la Corte desestimó que la decisión del Tribunal de no realizar una pericia sobre todas las licitaciones “se vincula a una decisión de perjudicar a la ex Presidenta o convertir al debate en un remedo de juicio”.

Un planteo contra la demanda del gobierno durante la administración Macri

Asimismo, en otro de los planteos, Cristina y su defensa recusaban la competencia de la Sala IV de la Cámara de Casación, porque dos salas de la Casación, la I y la IV, intervinieron en diferentes incidentes vinculados a la causa. Pero la Corte Suprema ratificó la competencia de la Sala IV. Vale recordar que Casación es el último tribunal que revisa el caso antes de la Corte.

En tanto, la Corte desestimó también otro de los recursos de Cristina, respecto de una demanda multimillonaria que el gobierno de Mauricio Macri inició en contra de la vice por $22.500 millones. La Vicepresidente insiste en que ese juicio por daños y perjuicios correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez -y que nunca terminó- debe tramitarse en Comodoro Py. Y no en la justicia Contencioso Administrativo.

La Corte le respondió que el reclamo “carece de fundamentación suficiente”. Según el fallo “no se ha explicado de qué modo una resolución cuya consecuencia es la mera remisión de los planteos de la apelante para su tratamiento en sede civil y comercial federal revela una ‘flagrante violación de derechos, capaz de quebrar la buena marcha de las instituciones del sistema republicano’”.

En estos términos, respondió el máximo tribunal al planteo de Cristina sobre “los actores judiciales, lejos de velar por la vigencia de nuestra Constitución, se han plegado, con un inocultable interés político, a una desenfrenada e inédita embestida política, mediática y judicial”.

Se cae el argumento de la jurisdicción de la causa con este fallo de la Corte Suprema

Otra de las quejas centrales de la vice, refería a la jurisdicción del caso. Es decir, tanto ella como Lázaro Báez exigieron que el caso se vaya a Santa Cruz. Junto con eso habían sostenido que había un doble juzgamiento, porque ya habían sido sobreseídos en el sur por un caso similar. La Corte denegó este planteo “por falta de fundamentación autónoma”.

Al analizar el caso, el máximo tribunal consideró que la vicepresidenta “no demostró haber refutado, en su recurso de casación, los argumentos esgrimidos por el tribunal oral para desestimar los planteos de falta de jurisdicción y cosa juzgada, ni tampoco efectuó una descripción prolija de los antecedentes de la causa relacionados con sus agravios”.

Se sostuvo en el acuerdo que la defensa de Cristina Kirchner “no fundó la invocada violación del juez natural”. Sin embargo, además, en el caso referido que se juzgó en Santa Cruz “sólo estaban involucrados funcionarios provinciales”.

En otras palabras, los ministros de la Corte le dijeron que la ex Presidenta “no fue juzgada en sede provincial”. Y que su queja carece de fundamentación a la hora de demostrar las similitudes en la causa que tramitó en el sur y el juicio que afronta en Comodoro Py.

La resonante causa por la corrupción con la obra pública en Santa Cruz

En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la vicepresidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”.

Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K, un íntimo amigo del ex Presidente Néstor Kirchner.

La acusación sostuvo que desde el Gobierno kirchnerista y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de 46.000 millones de pesos”.

Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra”. Y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.

Continúa el juicio y podría haber repercusiones en otras causas contra la Vicepresidente

Con este fallo de la Corte Suprema, el debate oral continuará bajo el cronograma impuesto por el TOF 2. Así, el 11 de julio iniciarán los alegatos. Los mismos iban a iniciar con la Oficina Anticorrupción (OA) pero hace una semana renunció oficialmente al juicio. La querella que queda es la Unidad de Información Financiera (UIF) y después será el turno del Ministerio Público Fiscal representado por Diego Luciani y Sergio Mola, quienes preparan una dura acusación contra la vicepresidenta.

Además del impacto político que tendría un fallo condenatorio por corrupción en el Estado contra la Vicepresidente, podría provocar un efecto penal sobre otras causas en las que la Justicia investiga a Cristina Kirchner y su familia. Por ejemplo en la causa Hotesur/Los Sauces, en las que la Vicepresidente y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner están procesados por lavado de activos. El delito precedente al presunto lavado, sería, precisamente, la corrupción en la obra pública. Y en estas causas también está procesado Lázaro Báez. Junto contra otro emblemático empresario kirchnerista: Cristóbal López el propietario del grupo económico dueño del canal C5N.

Por ejemplo, en la causa Hotesur/Los Sauces, en las que la Vicepresidente y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner están procesados por lavado de activos. El delito precedente al presunto lavado, sería, precisamente, la corrupción en la obra pública. Y en estas causas también está procesado Lázaro Báez. Junto contra otro emblemático empresario kirchnerista: Cristóbal López el propietario del grupo económico dueño del canal C5N.