BUENOS AIRES. En el día que la Vicepresidente Cristina Kirchner recusó al juez Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 y al fiscal Diego Luciani, que llevan adelante el juicio oral y público por la mega-causa por corrupción y direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz, la fiscalía continuó haciendo públicas las evidencias que sostienen la acusación contra los acusados, siendo la ex presidenta, la principal imputada.

En la cuarta audiencia de alegatos del Ministerio Público Fiscal, los fiscales Luciani y Sergio Mola, continuaron detallando las enormes y groseras irregularidades en los contratos de obras públicas de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, que tuvieron como principal y casi único beneficiario al empresario Lázaro Báez.

Para la fiscalía, está probado que los gobiernos de Néstor Kirchner (2003 – 2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007 – 2015) sin ningún tipo de control, permitieron incrementar con mayores costos y mayores plazos obras públicas patagónicas a Lázaro Báez y su grupo Austral Construcciones. Según publicó La Nación, los fiscales difundieron las pruebas que consiguieron que muestran que el kirchnerismo le otorgó de manera arbitraria otras licitaciones, que estaban fuera del radar, por un monto de unos U$S 220 millones.

La caja clandestina de U$S 220 millones

“Los expedientes gritan”, repitieron Luciani y Mola este lunes, apuntando contra las presuntamente licitaciones amañadas. Y pasaron a describir el mecanismo por el cual se otorgaron en “una ficción de licitación” obras de “remediación de canteras” a empresas de Báez.

Esas obras consistían en realizar movimiento de tierras, construir terraplenes y sembrar césped. Y según el MPF, eran la “caja clandestina” de U$S 220 millones que beneficiaba a Báez. Y que nunca se controló.

Los fiscales insistieron en que las licitaciones estaban amañadas y que no había competencia entre diferentes oferentes. “En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, ironizó Luciani, poniendo de relieve que en los expedientes competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti, todas empresas del grupo del empresario patagónico, y Petersen, que era descalificada sistemáticamente por exceder los márgenes requeridos.

Según el alegato de los fiscales Luciani y Mola, esto también ocurrió en otros expedientes.

Recusación para un fiscal y un juez

La audiencia arrancó con el pedido que realizó Cristina Kirchner –ausente con permiso– para recusar al juez Giménez Uriburu y al fiscal Luciani, formulada por su abogado, Alberto Beraldi. En la audiencia se sumó el pedido de otros defensores para presentar sus propias recusaciones. El tribunal, en este caso los dos jueces restantes, Jorge Gorini y Andrés Basso, esperará a que se completen las presentaciones y pedirá un informe al juez y al fiscal antes de resolver.

A Giménez Uriburu y Luciani, la defensa de Cristina les cuestiona el haber jugado un partido de fútbol amateur con su equipo Liverpool en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Pero según los allegados del juez y el fiscal, no son amigos entre ellos, no conocen a Macri, no han hablado con el expresidente y dejaron de concurrir cuando les tocó sorteada esta causa. Es decir, las fotos expuestas por el medio ultrakirchnerista Página 12, corresponden a un momento anterior al sorteo de la causa.

Las licitaciones amañadas con las “remediaciones de canteras”

Luego de esas presentaciones, la audiencia se adentró en la manera en que se publicaban estas obras de “remediaciones de canteras” para tentar a oferentes. Los fiscales describieron las groseras irregularidades. Revelaron que para ofrecer los pliegos de licitación, los gobiernos K usaron medios de prensa locales. Es decir, lejos de donde estaban las empresas que podrían haberse interesado en intervenir. Esto sería una clara maniobra para ocultar esas convocatorias a licitación. En esta línea Mola destacó que, además de recurrir a medios locales, las licitaciones se publicaban en las secciones de deportes, de chistes, junto a avisos contra la eyaculación precoz. O en suplementos de belleza.

Acto seguido, Mola y Luciani enumeraron otras irregularidades en los expedientes, como los pedidos para ampliar los presupuestos de las obras y los plazos de ejecución. En ese sentido, el fiscal Mola fue implacable. Habló de un incremento de presupuesto en una obra de U$S 8 millones. Y un incremento en el plazo de 9 meses. Los pedidos de modificación de plazos y montos fueron hasta tres veces, según reveló.

Mola explicó que, en una de las obras, por ejemplo, el incremento presupuestario fue del 35%, porque “se habían olvidado” de contemplar el crecimiento poblacional. O bien, no habían advertido que debían haber presupuestado no solo la ruta, sino las rotondas de acceso a la ciudad. “Ya no nos sorprenden con nada nada. Todos lo que se ve acá supera la imaginación”, dijo el fiscal Mola.

Y apeló a la ironía, al destacar “la generosa” Administración de Vialidad Provincial de Santa Cruz otorgaba “de manera inmediata” la ampliación de plazo y costos de U$S 8,8 millones de dólares. Por supuesto, sin ninguna discusión.