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¿Avalarán una ley más dura para expropiar bienes a los corruptos?

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Insistirán con la versión más dura de la ley. La incógnita de cómo votarían los diputados nacionales de la Renovación y la camporista Cristina Britez, en medio del escándalo por el prófugo Oscar Thomas y la megacausa de los cuadernos de las coimas.

¿Avalarán una ley más dura para expropiar bienes a los corruptos?

Los bloques del Frente Renovador Federal de Sergio Massa y de Cambiemos, insistirán con la versión más dura de la ley, la que obtuvo media sanción hace dos años, dejando de lado la versión light, aprobada en el Senado, con los votos de PJ, el FPV y el bloque misionerista de la Renovación. Tiene una mayoría justa y sumarían algunos votos del peronismo. La incógnita de cómo votarían los diputados nacionales de la Renovación y la camporista Cristina Britez, en medio del escándalo por el prófugo Oscar Thomas y la megacausa de los cuadernos de las coimas.CAPITAL FEDERAL. Con ayuda del Frente Renovador, Cambiemos intentará sancionar en Diputados la versión original de la ley de extinción de dominio, sin los cambios realizados en el Senado por el PJ y el kirchnerismo.

En este marco, surge la interrogante de cómo votarían los diputados del Frente Misionerista de la Concordia Social, Ricardo Wellbach, Verónica Derna, Flavia Morales, Jorge Franco y Daniel Di Stéfano, más su par del Frente para la Victoria, Cristina Britez, sobre este tema, urticante para ellos. Se da por descontado que Luis Pastori acompañará la versión original del proyecto para expropiar bienes originados a partir de la corrupción en el Estado.

“Lo que hicieron es muy malo, porque replican el decomiso y ponen el nombre de extinción de dominio. No se puede aplicar en forma retroactiva y usarlo para la corrupción kirchnerista”, se indignó el diputado radical Luis Petri, en tono crítico hacia los senadores.

Recordemos que en la madrugada del jueves, el Senado sancionó la norma para expropiar bienes provenientes de la corrupción, con modificaciones introducidas por el bloque de Miguel Pichetto, que fueron acompañadas por los senadores de la Renovación, Maurice Closs y Magdalena Solari.

En este contexto, Petri junto a su correligionaria Gabriela Burgos y el cordobés Juan Brügge, de la democracia cristiana, elaboraron en 2016, el proyecto de extinción de dominio en base a uno presentado por Sergio Massa, que ya no es diputado pero sus 21 dirigidos respaldan aquella decisión.

“Les enviamos una media sanción de ley de extinción de dominio y nos están devolviendo una ley de decomiso. ¿Por qué si hay un bien que se presupone que fue habido de mala fe, le debemos dar las garantías constitucionales? ¿Por qué no le podemos dar tratamiento del derecho civil y hacer expeditiva la posibilidad de que el Estado se apropie de ese bien hasta tanto se avance con la causa penal?”, se preguntó Graciela Camaño, jefa del Frente Renovador.Los senadores peronistas no quisieron que la ley para expropiar bienes sea retroactiva. Los diputados de Cambiemos y del Frente Renovador creen que sí e insistirán con su proyecto. Con la causa de los cuadernos de las coimas, en pleno avance, y numerosos ex funcionarios kirchneristas, detenidos o imputados colaboradores, la coyuntura política, favorece a la postura del massismo y Cambiemos.

Unidos, Cambiemos y el Frente Renovador Federal, alcanzan con lo justo una mayoría simple para rechazar la revisión del Senado y ratificar la versión original de la ley, que habilita la expropiación de bienes originarios por algunos delitos como narcotráfico, lavado y corrupción, en una acción civil independiente al proceso penal.

Por su parte, Miguel Pichetto y los juristas de su bloque, consideraron que viola las garantías constitucionales y la retocaron. Contemplaron la extinción de dominio como una acción civil pero dentro del proceso penal, o sea, los imputados mantendrán sus propiedades hasta que no haya sentencia.

“Ellos no están entendiendo que no es una ley punitiva. Es una ley civil, autónoma, para conocer el dominio de un bien”, agregó Petri. “Vamos a plantear que la ley no sirve, porque es como la de México, que no funcionó. Nuestro modelo es Colombia”, agregó Burgos, que preside la comisión de Legislación Penal.

“Están confundiendo la naturaleza de la acción, que busca determinar si un bien de alguien que está siendo investigado penalmente está bien adquirido. Es sólo eso”, explicó Brügge, que integra el bloque Argentina Federal, el símil del que conduce Pichetto en la Cámara vecina.

Uno de sus miembros, el salteño Javier David, trabajó hace dos años en la versión denostada por los senadores y esta semana deberá reunirse con su bloque para decidir si la sostiene o acepta la revisión de sus pares, a riesgo de ser acusado de encubrir la corrupción.

Salta tiene mucho protagonismo: el bloque lo preside Pablo Kosiner y el senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, fue uno de los redactores de las modificaciones que aprobaron junto a Cristina y sus pares.

Lo invitarían a exponer y difícilmente cambie sus argumentos en la sesión: que la retroactividad o no será una decisión del juez. “Dicen eso porque saben que si no haces una acción civil aparte el juez no lo hace retroactivo”, consideró Petri.

¿Cómo votarán los diputados misioneristas?

Con Brügge y otros miembros de Argentina Federal, Cambiemos puede jugar con una mayoría cómoda para insistir en la redacción de 2016 y el primer paso será la próxima semana en un plenario de comisiones, donde el oficialismo necesitará una mayoría para sesionar. No esperan que el peronismo se atreva a impedirla. De hacerlo, quedarían como garantes de la impunidad de los ex funcionarios K, enriquecidos con bienes de la corrupción.

Lo que hagan los diputados misioneristas de la Renovación, por el momento es una incógnita. De todas formas, hay que recordar que entre el miércoles y el jueves, los senadores Solari y Closs, acompañaron la propuesta light de Pichetto y los kirchneristas. En caso de acompañar la versión original, los renovadores estarían habilitando expropiaciones a figuras de su propio espacio, como el ex Director Ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas, hoy prófugo de la justicia en la causa del cuaderno de las coimas. Thomas declaró una fortuna de más de 20 millones de pesos.

En cuanto a la camporista Cristina Britez, tampoco hay pistas de cómo votaría. Sin embargo, siendo una kirchnerista de “paladar negro”, es muy posible que se oponga a votar la versión más dura del proyecto de Extinción de Dominios, que también podría utilizarse para incautar bienes a su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, la principal sospechada del esquema de las coimas con la obra pública montado por Julio De Vido durante la llamada “Década Ganada”.

LPO/jmm.

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