BUENOS AIRES. El fiscal federal Diego Luciani pidió este lunes una pena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el juicio por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Y dejó una frase lapidaria, ante el Tribunal Oral Federal 2: “Señores jueces, es corrupción o justicia. De ustedes depende”, lanzó el fiscal antes de comenzar a detallar el pedido de condenas para la Vicepresidente y los demás acusados de la causa.

Además, Luciani pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para todos los ex funcionarios imputados, entre los que sobresalen el ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex Secretario de Obras Públicas José López –el que ya está condenado por enriquecimiento ilícito por los bolsos con 9 millones de dólares sin declarar que intentó ocultar en un convento de General Rodríguez, en 2016.

Este lunes, al concluir sus alegatos, Luciani fue categórico al señalar: “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad, se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en la cual los imputados -en una estricta división de roles- sustrajeron fondos del erario, adoptando todas las medidas para efectuarlas en total impunidad”, manifestó.

“La sociedad indefensa mira hoy a los fiscales y jueces como la última esperanza frente a estos atropellos”

“El Estado es la víctima de estos delitos. La ciudadanía entera fue la víctima de los abusos del poder. La sociedad indefensa mira hoy a los fiscales y jueces como la última esperanza frente a estos atropellos. El fiscal es garante del estado de derecho”, señaló Luciani, según publicó Perfil, este lunes, en la novena jornada de alegatos de la Fiscalía en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz, en beneficio del empresario Lázaro Báez, entre 2003 y 2015.

“Cristina Fernández ostentaba la máxima jerarquía y usó sus competencias y poder para alcanzar el lucro final de esta maniobra”, aseguró el fiscal, quien acusó a la vicepresidenta de “priorizar el interés personal sobre el interés público” y “defraudar a la sociedad”.

Asimismo, Luciani fue muy crítico con la defensa retórica y política de la Vicepresidente, que no pudo esgrimir una defensa técnica (judicial) contra los delitos que le imputaron –asociación ilícita, defraudación al Estado e incumplimiento de deberes del funcionario público. “Cristina Fernández de Kirchner desafió a este tribunal cuando dijo que la absolverá la historia. Pero en un sistema republicano, es el Poder Judicial quien absuelve después de un proceso penal respetuoso de todos los derechos y todas las garantías”, remarcó el fiscal ante el TOF 2 en videoconferencia transmitida por Zoom y publicada en el canal de Youtube del Poder Judicial.

“Una cosa es la decisión política de qué fondos y cuánto invertir y otra cosa es que se descascaren los fondos del Estado”

“Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio contra las arcas del Estado”, dijo Luciani al final de la presentación de los alegatos.

Asimismo, el fiscal dijo no pudo encontrar “un sólo atenuante” de la pena solicitada para Cristina Kirchner, a quien consideró jefa de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez. “Una cosa es la decisión política de qué fondos y cuánto invertir y otra cosa es que se descascaren los fondos del Estado para beneficiar a un empresario”, afirmó Luciani, que en anteriores jornadas de alegatos, se encargó de exhibir las pruebas recopiladas sobre el profundo vínculo comercial entre Báez y los Kirchner –Néstor, Cristina y Máximo.

“El desprecio a la ciudadanía” y “la falta de arrepentimiento” de Cristina Kirchner

En el listado de agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, señaló la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño”, y el “lucro personal” que persiguió la Vicepresidente e hizo hincapié en el “cargo” que ocupaban ella y su marido, Néstor Kirchner.

Otro punto fuerte del alegato de Luciani es “el desprecio a la ciudadanía” y “la falta de arrepentimiento” por parte de la principal acusada. Sobre el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López tampoco halló “atenuantes” de la pena. Y en el caso del exministro tuvo en cuenta las condenas anteriores.

Las condenas solicitadas para todos los demás imputados

Además del pedido de prisión contra la Vicepresidente, los fiscales Luciani y su colaborador Sergio Mola, también pidieron una condena de 12 años de prisión para Lázaro Báez, de 10 años para Julio de Vido, para José López y para el ex titular de Vialidad Nelson Periotti.

En tanto, solicitaron 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe. Pidieron 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi, 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro.

Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.

Báez obtuvo 51 contratos viales por $46.000 millones, el 80% de los que se licitaron en Santa Cruz

Cabe destacar que el alegato de Luciani y Mola ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dio por corroborada la existencia de una “estructura estatal defraudatoria, licitaciones amañadas, sustracción de sumas millonarias del Estado, un circuito ilegal de enriquecimiento del empresario y finalmente, una etapa de reciclaje a favor del matrimonio Kirchner”.

Según publicó Clarín este lunes, en este juicio que comenzó en mayo de 2019, el primero en que Cristina Kirchner estuvo en el banquillo de los acusados, se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por un total de 46.000 millones de pesos. Se trató del 80% de los contratos viales que se licitaron en Santa Cruz y que representaron el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional.

En el juicio y luego en el alegato, los fiscales pusieron de relieve el crecimiento patrimonial de Báez y el de Austral Construcciones, su principal firma. Entre 2004 y 2015, el patrimonio del empresario y amigo de Néstor Kirchner, creció un 12.000%. Mientras que su empresa insignia, creció un 46.000% en ese periodo. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró dieciocho acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.

Un estrago al Estado de $5.321 millones de pesos o el equivalente a 1.000 millones de dólares

Como agravante del funcionario de la asociación ilícita, el Ministerio Público Fiscal se ocupó de demostrar y cuantificar el perjuicio al Estado, como resultado de la administración espuria. Para los fiscales, los montos erogados en las 24 obras abandonadas, las modificaciones de costos y plazos sobre 39 contratos y la cartelización en la obra pública “el daño ocasionado asciende a 5.321 millones de pesos, un equivalente U$S 1.000 millones”.

En función de esa cifra es que la fiscalía pidió el decomiso y que los trece acusados en forma solidaria, hagan frente a los 1.000 millones de dólares “que fueron sustraídos ilegalmente a las arcas estatales”. El fiscal advirtió que esa suma, actualizada, deberá repartirse entre todos los acusados según su grado de responsabilidad.​

Por otra parte, en el tramo final el fiscal le respondió al presidente Alberto Fernández a quien acusó de “encabezar una injerencia indebida en el Poder Judicial” al sostener que “las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales”. “No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que (Alberto Fernández) renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”, fustigó el fiscal, quien agregó que “para defender puerilmente a su compañera de fórmula evitó hablar de los graves hechos aquí ventilados, La ciudadanía entera sufrió los actos de corrupción”, reflexionó.