POSADAS. El titular de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer, reveló que el organismo presentó 22 denuncias penales por apremios ilegales y torturas ocurridos dentro de penales y comisarías misioneras.

Según el funcionario, en las constantes recorridas que vienen haciendo, detectaron numerosos casos de torturas donde uniformados están involucrados. De acuerdo con Scherer, todos los casos que en los que el organismo denunció penalmente, hechos de torturas y apremios, fueron debidamente informados a la ex Ministra de Derechos Humanos, Lilian Tiki Marchesini y a todas las instancias estatales correspondientes –Ministerio de Gobierno, Secretaría de Justicia, etc.

Se descuenta que existen muchos casos de apremios y torturas que no llegaron a ser denunciados y, en consecuencia, no llegaron a convertirse en causas penales.

El funcionario habló con MisionesCuatro esta mañana, cuando se acercaba a Javier rolando Balmaceda, un hombre que denunció haber sido torturado en el temible penal de Loreto, hecho por el que sufrió secuelas físicas y personales. “Estos hechos ocurren, por eso fue creada la comisión. Hace 3 años que venimos trabajando y detectamos en varias oportunidades (casos de tortura)”

Veintidós casos de apremios ilegales y torturas en Misiones

“El año pasado hicimos 22 denuncias penales por estos hechos. Registramos cada caso y está publicado con estadísticas y datos precisos. Estos son sensibles y esenciales para que el Estado pueda erradicar este problema”, contó Scherer, al tiempo que remarcó que el número de denuncias presentadas por la Comisión, corresponde al periodo que va desde Noviembre del 2018 a Noviembre del 2019.

En esta línea, Scherer reveló que en 2018, se presentaron 27 denuncias penales y en el primer año de funcionarmiento -2016-, se presentaron 7 denuncias. Desde luego, como era de esperarse, el funcionario no se refirió puntualmente a los casos, algunos brutales, que incluso, desembocaron en asesinatos de presos.

Pero sí destacó que el trabajo de la comisión requiere monitorear unas 130 comisarías, además de las unidades penales de la provincia, en las que hay no menos de 1500 reclusos en la actualidad.