BUENOS AIRES. El fiscal federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó los fundamentos por los que considera que Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, junto a los demás imputados, deben enfrentar un juicio oral por lavado de dinero en las causas unificadas Hotesur y Los Sauces. Cabe subrayar que la Vicepresidente y sus abogados lograron que el juicio oral no se realice, pese a que, una persona inocente buscaría limpiar su nombre a través de un juicio en el que se la absuelva, por el peso de la probatoria penal.

Según informó Clarín, Villar sostuvo en su dictamen, que “no hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento” sin la realización del juicio oral y público. Pero, además, el fiscal apuntó sus cuestionamientos al accionar de los jueces ligados al kirchnerismo que firmaron el sobreseimiento sin debate oral. Sostuvo que los dos jueces que decidieron anular el juicio oral, buscaron “cerrar la causa” sin “fundamentos”. Por ello solicitó el apartamiento de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg –este último, miembro de la agrupación kirchnerista “Justicia Legítima”– del Tribunal Oral Federal nro. 5.

Para el fiscal Villar una empresa hotelera que no conoció la ocupación plena y con serios problemas de financiamiento, y una inmobiliaria sin sede comercial y sólo con los mismos inmuebles (de su propiedad) puestos en alquiler desde 2009, son dos firmas que “nunca tuvieron fines comerciales reales, sino sólo ser una pantalla para maniobras de blanqueo”.

El fiscal defendió que se realice el juicio como habían pedido Pollicita, Mahiques, Ercolini y Bonadío

Así lo sostuvo la acusación que envió en 2018 a juicio oral a la familia Kirchner, dueña de Hotesur y de Los Sauces. Cabe destacar que Villar coincidió con los planteos del fiscal de la instrucción Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques. Pero también con los jueces de esa instancia Claudio Bonadío y Julián Ercolini, entre otros.

Al respecto de esta causa, una de las más complejas para Cristina Kirchner y sus hijos, el TOF 5 había determinado que se realizaría el juicio oral y pública, tal como corresponde y es lo habitual en los procesos penales. Sin embargo, en 2021, los jueces Obligado y Grünberg firmaron el sobreseimiento de la vicepresidenta, sus hijos, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros imputados sin la realización del juicio.

Ese controvertido y hasta repudiado fallo del TOF 5 tuvo una disidencia. La jueza Adriana Palliotti votó en contra de sobreseer a los imputados sin juicio oral. Y en la misma línea firmó su apelación el fiscal ante el TOF 5, Diego Velazco. Este reclamo fue sostenido por su par de la instancia superior, Mario Villar.

Sólo de esa manera la Cámara Federal de Casación podía comenzar a analizar la situación. Ahora, la Sala I del máximo tribunal penal deberá resolver si los imputados deben o no comparecer en un juicio oral.

Las causas unificadas de Los Sauces y Hotesur por el presunto lavado de $ 80 millones

Es preciso recordar que los expedientes por las causas por lavado de activos conocidos como “Hotesur” y “Los Sauces” fueron unificados porque en ambos se investigó una misma maniobra. Además, los expedientes tienen 16 imputados en común. Y bajo investigación estuvo una presunta asociación ilícita creada para lavar 80 millones de pesos entre 2008 y 2015.

Este lunes Villar presentó los fundamentos de su planteo. Para el fiscal, omitir el juicio “lesiona la función propia del Ministerio Público Fiscal”, que es la de promover “la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, indicó en el dictamen al que accedió Clarín.

Cuando el fiscal Velazco apeló el sobreseimiento, dijo que Obligado y Grunberg utilizaron “argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”. Ahora, el fiscal Villar también expresó que la decisión de la mayoría del tribunal “se aparta de la interpretación de la ley que hacen tanto la doctrina como la jurisprudencia y resulta directamente contrario a fallos pertinentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En el juicio “se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no”

Villar reiteró que el sobreseimiento sin la realización del juicio oral “no sólo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia, sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día”.

El Ministerio Público Fiscal entiende que en la realización del juicio “se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”. También considera que esa instancia permitirá a la sociedad en su conjunto “tomar conocimiento de cuestiones que son intrínsecas a su rol de ciudadanos, responsables y comprometidos en el marco de un sistema republicano de gobierno”.

El criterio unificado de los fiscales es que el juicio debe realizarse y que la decisión de los dos jueces del TOF 5 fue “arbitraria”. Y como tal “enmascara bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad”. En virtud de ello, “no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”, planteó el fiscal Villar.

“El error de los jueces es pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez”

Respecto al delito de lavado, Villar insistió en que “el error de los jueces es pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez, mientras que las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”.

Sin embargo, Villar añadió que “con el pago inicial del Estado Lázaro lavaba el dinero, y después lo lograban lavar los destinatarios finales”. El dueño del Grupo Austral fue condenado por lavado de dinero “realizado en forma posterior a su depósito por parte del Estado en relación a los contratos de la obra pública”.

El fiscal ante la Casación explicó que el argumento del tribunal es “equivalente a decir que, si alguien realiza una estafa, no hay lavado si el pago de la estafa se hizo en la cuenta bancaria del autor del delito”.

Por ese motivo, Villar remarcó que el origen “delictivo no cambia porque en la obra pública haya un proceso administrativo intermedio anterior al pago, donde algunos actuarán como partícipes y otros mediante acciones neutrales, pero ello es parte de la obtención de la disposición patrimonial como elemento del delito, tanto como lo es el depósito realizado por la víctima de la estafa, en la que media únicamente su deliberación interna”.

Los jueces Obligado y Grunberg “descartan el delito precedente con un mero juicio conjetural sobre el dinero bancarizado”

De forma contundente Villar señaló en su dictamen que los jueces Obligado y Grunberg “descartan el delito precedente con un mero juicio conjetural sobre el dinero bancarizado, tratando de desvanecer la significación de causas en pleno trámite, cuya imputación parte justamente de la hipótesis de una defraudación mediante la obra pública y mediante la obtención beneficios fiscales indebidos”.

Continuando con esos argumentos, Villar recordó en su dictamen que entre las irregularidades constatadas en la obra pública, considerada el delito precedente, aparecen “sobreprecios, prórrogas reiteradas sin justificación válida, canal de pago preferencial a diferencia de otros contratistas, concurrencia múltiple de empresas del mismo grupo a una misma licitación, simulación de competencia, procedimientos en tiempo récord, falta de sanciones por incumplimiento y de controles, adelantos de obras que no habían comenzado, entre otras, en su asignación principalmente al Grupo Báez”.

Al respecto de las maniobras investigadas, está acreditado que Báez explotaba los hoteles de la familia Kirchner con su firma Valle Mitre. Y que los únicos ingresos para pagar los cánones de locación eran préstamos de Austral Construcciones. Estos ascendían a 71 millones de pesos. Según consignó Clarín, esa constructora de Báez tenía como único cliente al Estado nacional. En simultáneo con siete firmas del holding, alquilaba habitaciones de los hoteles que no utilizaba, garantizando ingresos a los Kirchner por 14 millones de pesos.