BUENOS AIRES. En el inicio de los alegatos de la Fiscalía en el Juicio Oral por la Causa Vialidad, el nombre de Máximo Kirchner fue nombrado por primera vez en el proceso contra su madre por presunta corrupción en la obra pública vial en Santa Cruz.

Fue a raíz de una serie de mensajes que se extrajeron del celular del ex Secretario de Obras Públicas, José López, donde se le consulta al hoy diputado nacional dónde debían ubicarse las cien cuadras de pavimento que terminaron en manos del empresario Lázaro Báez, el amigo personal del ex Presidente Néstor Kirchner. La particularidad de aquellos mensajes, era que Máximo no ocupaba ningún cargo público por entonces, lo que activó inmediatamente las sospechas de la justicia federal.

Según publicó Clarín este miércoles, para el fiscal Diego Luciani esos mensajes en los que también aparecen otros funcionarios, un amigo del ahora diputado y también su ex pareja, significaron una “clara intervención” del líder de “La Cámpora” en ésa y otras obras volcadas a Santa Cruz.

Por eso, en la última audiencia y tras pedir una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos contra la Vicepresidente, el fiscal Luciani solicitó que se realice una extracción de testimonio para investigar nuevos hechos. Formalmente, es un pedido para que se abra otra causa judicial esta vez para investigar a Máximo Kirchner. Y su rol en el presunto direccionamiento de las obras públicas en Santa Cruz.

El veredicto del TOF 2, clave para el destino de la denuncia contra Máximo Kirchner

De acuerdo con el mencionado diario nacional, el veredicto del Tribunal Oral Federal 2, que juzga a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y otros nueve imputados, será determinante sobre el pedido de apertura de una nueva causa, esta vez con Máximo Kirchner como imputado. Si el TOF 2 hace lugar a esos pedidos de extracción de testimonio, se enviarán a sorteo para asignarle un juez y un fiscal quienes evaluarán si hay elementos suficientes para iniciar un nuevo expediente penal.​

En sus alegatos, Luciani ya había hablado de la “marcada intervención” del hijo de la Vice. Hay hechos que lo ubican interviniendo en las obras a finales de 2014, según los mensajes del celular de José López. Es por diversos contratos que se volcaban en Santa Cruz, algunos de los cuales terminaban en manos de Báez, a través de Austral Construcciones u otras empresas del Grupo Austral.

Una pista que aparece gracias a la detención de José López

Cabe destacar que la Fiscalía incorporó los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas, el 27 de noviembre de 2021. Se trata de los mensajes extraídos de los teléfonos del ex funcionario kirchnerista que fue detenido el 16 de Junio del 2016, cuando revoleaba bolsos con 9 millones de dólares sin declarar, en un convento de General Rodríguez. Por esa detención y posterior causa penal, López fue condenado por enriquecimiento ilícito en 2019. Pero recuperó su libertad luego de pagar una fianza de $14,5 millones en Noviembre del 2021.

Sin embargo, los dos teléfonos celulares incautados a López fueron peritados y desde entonces (2016) la Justicia analizó unos 26.000 mensajes. Muchos de los cuales fueron exhibidos en distintos momentos del alegato del Ministerio Público Fiscal en la causa Vialidad.

Los contactos de López con Máximo, que por entonces no era funcionario público

En estos mensajes, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani encontraron que el ex secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003 – 2015) le preguntaban a Máximo Kirchner -que no ocupaba cargos públicos- por diversas obras que el Estado nacional iba a licitar en la provincia de Santa Cruz.

El fiscal Luciani en la última audiencia de alegatos dijo “vamos a solicitar la extracción de testimonios acerca de las posibles ilicitudes de las mismas características que las que han sido señaladas en este alegato en relación con el Hospital Materno-infantil de Río Gallegos”, donde según los mensajes Cristina Kirchner “tenía un particular interés”. Esa obra expuso “una brutal connivencia entre funcionarios y empresarios y cómo se cometieron hechos ilegales”, dijo Luciani.

En los mensajes, José López pidió acelerar la licitación de esa obra: “Sacalo sin estudios del suelo. Yo te digo lo que hay que poner. Saquemos urgente el llamado Lic”, reclamó. Después explicó que ya había hablado con la “Pta” (es decir, Cristina Kirchner) y le había notificado que la licitación se haría en 15 días.

Según el fiscal Luciani, “la presidenta se iba interiorizado personalmente sobre el avance las obras en Santa Cruz”. E insistió en que “la ex Presidenta preguntaba por obras puntuales y sus avances”. Por el tenor de este tipo de mensajes, el fiscal argumentó que al requerir el pedido de extracción “pedimos que se investigue lo que surgiría de las conversaciones que han sido expuestas por José López y Abel Fatala, como así también de todos los posibles ilícitos que surgen de los mensajes del teléfono de José López, en el que habrían participado diferentes funcionarios y particulares”.

“Se entendió pertinente que se abra una investigación al respecto”

Fue entonces cuando mencionó a Máximo Kirchner, explicando que también debe ser investigado. Es pertinente recordar que el hijo de la expresidenta no ostentaba ningún cargo público en 2014. Y la fiscalía no iba a solicitar que se incluya al hijo de Cristina Kirchner porque, justamente, no era funcionario. Sin embargo, por la dimensión de obras y el poder de decisión que tenían “se entendió pertinente que se abra una investigación al respecto”.

Por su puesto, la apertura de una nueva causa por la corrupción con la obra pública, esta vez investigando el rol del líder de La Cámpora, es coherente con los vínculos comerciales de la familia Kirchner con Lázaro Báez. En muchos de estos negocios, Máximo intervino como representante de sus padres. Así recibió 93 cheques emitidos por el Grupo Austral en concepto de diversos alquileres.

“Sin ser funcionario, Máximo Kirchner intervenía en las obras que se direccionaban en la provincia a favor de Báez”, argumentó la fiscalía en el juicio por Vialidad. Y “López era el que reportaba siempre a Máximo Kirchner avisándole cómo avanzaban los convenios y los proyectos para Santa Cruz”, añadió Luciani en los alegatos.

En su exposición para solicitar la condena contra todos los imputados, Luciani eligió mensajes referidos a la última licitación que ganó el Grupo Austral de Báez, un año antes del cambio de gobierno que ocurrió en 2015. “Debían apurarse en direccionar el contrato y pagar rápidamente todo, se aproximaban las elecciones presidenciales”, argumentó Luciani.

El plan de 100 cuadras de pavimento en Río Gallegos

Se trató de un plan de 100 cuadras de pavimento en Río Gallegos, financiada con fondos nacionales que demandaron un desembolso de $87 millones. “Pero contó con un avance del 27% y al igual que otras obras, fue abandonada. Nunca le importaron las obras, pero sí direccionar fondos a favor de Báez”, denunció la fiscalía.

Este proyecto para pavimentar 100 cuadras, expuso el Ministerio Público Fiscal, “pese al argumento reiterado de la vicepresidenta de que todo fue avalado por las leyes de Presupuesto, no pasó nunca por el Congreso”. Integró según el fiscal, el listad de 17 obras que no se informaron al Congreso por más de $2.200 millones.

Así pues, en la primera de las capturas de pantalla compartidas por Luciani en su alegato, el por entonces Secretario de Obras Públicas José López, mantiene una charla con el amigo de Máximo Kirchner y diputado provincial, Matías Bezi. Y le pregunta si “había hablado con Maxi y si había decidido cuál sería la ubicación de las 100 cuadras”.

Un pedido de consejo del ex secretario al hijo de la ex presidenta

La respuesta de Bezi fue “sí, algo definimos”. Y contó que se iba a reunir Roberto. Para la fiscalía, Bezi mencionaba a Roberto Gómez, una persona que trabajaba para Austral Construcciones. De hecho, fue el responsable de diseñar la obra de 100 cuadras de pavimento. Y años después, Roberto Gómez fue el arquitecto del Mausoleo que Lázaro Báez le regaló a la familia Kirchner, donde descansan los restos del ex presidente.

Sin embargo, este chat no fue el único ventilado por la fiscalía en el juicio por la corrupción con la obra pública en Santa Cruz. También exhibieron otros mensajes que José López le envió a Máximo Kirchner. “Tengo el trabajo y las fotos de las obras en la provincia y quería hacerte un comentario por esto y por el video de las represas”, escribió López en su celular.

Y en otro mensaje, el ex secretario de Obras Públicas le dice “Hola (Máximo) me encantó el proyecto del Lago Ortíz, cómo hacerlo estoy viendo y quiero preguntarte”. A esto, Fatala respondió: “Hola (José López) ayer estuvo Máximo acá en Piedra Buena y después fue a Puerto Santa Cruz, volviendo a la noche a Gallegos. Nos había pedido las obras y las estuvo recorriendo”, señaló.

Las condenas solicitadas en el juicio por la Causa Vialidad

Vale recordar que en el marco del juicio por la causa vialidad, los fiscales Luciani y Mola solicitaron la pena de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos para todos los ex funcionarios implicados y distintas penas de prisión, en función del grado de responsabilidad en la “asociación ilícita” que lideraba –según la acusación- Cristina Kirchner.

Así, para la Vicepresidente la fiscalía pidió 12 años de prisión efectiva, al igual que para el empresario Lázaro Báez, a quien consideraron organizador de la asociación ilícita y partícipe primario de la defraudación. En tanto, para el ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido y para el ex Secretario de Obras Públicas, José López, el MPF solicitó 10 años de cárcel, por “no activar los controles correspondientes y ser clave en el plan de direccionamiento de la obra pública”.

Otros imputados con pedido de condena y algunos con prisión en suspenso

En tanto, para Ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, solicitaron también 10 años de prisión. Para Mauricio Collareda, el ex Jefe de Distrito Nº 23 “Santa Cruz” de la DNV y para Juan Carlos Villafañe, el ex jefe de la Administración General De Vialidad Provincial (Santa Cruz), los fiscales pidieron 6 años de prisión.

Para Abel Fatala, el ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación, para Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP, y para José Raúl Santibáñez, el ex presidente del directorio de AGVP 13, la fiscalía pidió 4 años de cárcel.

Finalmente, la fiscalía solicitó 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro, el ex presidente de la AGVP. Y para Carlos Santiago Kirchner, Ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, la fiscalía solicitó la absolución por asociación ilícita y 2 años de cárcel –en suspenso- por administración fraudulenta.