Posadas

Penayo sobre familias que ocupan el Acceso Oeste: “Están en indigencia”

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El defensor del pueblo de Posadas, admitió que las familias que están ocupando un predio privado y un terreno de la EBY en el margen del Arroyo Mártires, están en condición de indigencia y se instalaron en el lugar, porque sobreviven del “basureo” en la zona. “No se puede impedir la acción de desamparo porque no hay un arraigo de años”, explicó, al tiempo que reveló que se conformó una mesa de diálogo con las familias, la EBY, municipio, Defensoría y Ministerio de Derechos Humanos, para subsanar el conflicto.

Penayo sobre familias que ocupan el Acceso Oeste: “Están en indigencia”

El defensor del pueblo de Posadas, admitió que las familias que están ocupando un predio privado y un terreno de la EBY en el margen del Arroyo Mártires, están en condición de indigencia y se instalaron en el lugar, porque sobreviven del “basureo” en la zona. “No se puede impedir la acción de desamparo porque no hay un arraigo de años”, explicó, al tiempo que reveló que se conformó una mesa de diálogo con las familias, la EBY, municipio, Defensoría y Ministerio de Derechos Humanos, para subsanar el conflicto.POSADAS. Alberto Penayo, el Defensor del Pueblo de Posadas, sostuvo este viernes que “hay una situación económica” muy grave que debe ser atendida en el caso de las 150 familias que ocupan un predio a la vera del Arroyo Mártires, en el Acceso Oeste de Posadas.

“Son 150 familias en la condición casi de indigencia”, aseguró Penayo, indicando que algunas familias residen desde hace meses en el lugar, aprovechando la cercanía de un basural informal en el que podían extraer residuos, cobre y otros elementos para su reciclado.

Según el funcionario, en la última semana, se produjo una “explosión” de personas trasladándose al lugar y “hay una situación de toma”. “Es una mezcla de propiedad privada, que ya iniciaron una acción de desalojo, y también está la EBY (Entidad Binacional de Yacyretá)”, contó Penayo.

“Se instaló una mesa de diálogo, con representantes de la familia, del municipio, de la EBY, del Ministerio de Derechos Humanos y nosotros (la Defensoría del Pueblo). Más allá de la situación coyuntural de la toma, nos comprometimos” en atender el reclamo y “un equipo de trabajadores sociales está analizando cada caso, para luego elevar un petitorio al gobierno provincial y municipal”, subrayó.

Sobre el final de la entrevista, Penayo, aclaró que al haber “un proceso judicial” en este caso, “no se puede impedir (una orden de desalojo) porque no hay un arraigo de muchos años. Pero sí hay que atender los casos. No vamos a intervenir en la situación judicial”, sentenció.

gw.

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