[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hace siete meses investigan a funcionarios de Ecología por el envío de mensajes mafiosos a un inspector para que deje de controlar. Pero siguen trabajando y un propietario aseguró tener “vía libre” otorgada por ellos. En el ministerio no avanzó el sumario y denuncian que “les dan camionetas oficiales”.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1489168310928-3dfaedcd-3723-5″ include=”94725,94726,85285″][vc_column_text]POSADAS. “Roban para la corona” es la frase que se repite en voz baja en el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables cuando se intenta develar qué misteriosa fuerza frena las actuaciones en contra de dos funcionarios de la dependencia, investigados formalmente por la Fiscalía de Estado por sospechas de “liberar” zonas de control para permitir el apeo ilegal del monte y el traslado, también ilegal, de la madera arrasada.

Durante los primeros días del mes de febrero de 2016, la cartera que conduce la cuestionada ministra Verónica Derna fue notificada oficialmente de una denuncia contra los mismos funcionarios que nunca fueron apartados de sus cargos: en esta ocasión se trató de un apeo ilegal de madera nativa en un lote literalmente devastado dentro del Parque Provincial Foertster, donde se interceptaron planchadas con más de 23 grandes árboles talados de cuajo. El propietario del lote aseguró que tenía “permiso” de los señores “Gonzalez y Zapata”, pero no pudo mostrar ninguna documentación que acreditara la supuesta venia oficial.

Los mismos apellidos aparecen en las carátulas del sumario administrativo interno en el Ministerio y del expediente en la Fiscalía de Estado de la provincia, ambos iniciados a mediados de 2016 cuando un escándalo hizo tronar los pasillos de la dependencia: un empleado de Ecología, también inspector forestal, denunció formalmente ante la ministra (Verónica Derna) haber recibido amenazas de estos dos compañeros para que evitara realizar controles en determinadas zonas de la provincia. Las amenazas, de tinte mafioso, lo conminaban a no meterse con ellos ni con las zonas liberadas.

Las actuaciones duermen el sueño de los justos en sus respectivos cajones desde hace siete meses, según se deduce de la falta de respuestas oficiales a la requisitoria periodística: consultada la ministra Derna, ésta optó por el silencio. En otras palabras, hasta el momento los inspectores denunciados no fueron ni siquiera sancionados, según advirtió la comunicadora, Norma Dalmau.

“No solo nunca fueron sancionados, sino que los premiaron con camionetas nuevas que usan hasta sin patentes, lo que quedó demostrado en un accidente leve que uno de ellos protagonizó hace poco con el vehículo oficial”, comentaron fuentes de la dependencia.

 

El caso

El 15 de abril de 2016, el jefe de inspección forestal denunció haber sido amenazado por los funcionarios “González, Zapata y Wolein” a través de advertencias de características mafiosas. Mediante una nota formal, el titular del departamento de control forestal Mario Alberto Meza prácticamente le rogó a Derna que no sólo actuara en consecuencia, sino que además lo protegiera, pero según el mismo documento, la funcionaria ni siquiera le contestó los mensajes.

En el memorándum oficial, el inspector amenazado detalló las advertencias recibidas vía llamadas desde un celular que identificó como perteneciente a Juan Carlos González, ex inspector que sin embargo, fue transferido a una unidad de Fiscalización ambiental, con más poder dentro del ministerio.

Siempre según Meza, el referido González le advertía que dejara de hacer controles en la zona de Bernardo de Irigoyen, “porque vas a tener problemas con nosotros”. “Le dije que estaba equivocado, que yo hice controles en ruta 18, según me solicitó la señora Directora General de Bosques” dice haberle contestado, a lo que González le habría referido “siempre exaltado e irrespetuoso”, que “nosotros somos los jefes y yo sé bien a donde ustedes van a trabajar. Nosotros nos manejamos directamente con la ministra. Ya desaparecé de la ruta porque vas a tener problemas con nosotros”.

Cuando el memorándum y el caso se hicieron públicos, el escándalo obligó a Derna a iniciar las actuaciones administrativas “para determinar responsabilidades sobre las denuncias que giran en torno a la presunta liberación de las rutas para facilitar la depredación de especies nativas en Misiones”.

“Hemos iniciado las actuaciones administrativas correspondientes, con todas las documentaciones que me han llegado”, explicó la funcionaria en un programa del Canal Oficial, cuando ya era muy tarde para tapar lo que parecía quedar al descubierto: una organización dentro del propio ministerio para facilitar el robo de madera.

“Va a intervenir Fiscalía de Estado para que se esclarezca, y si hay personas que están haciendo cosas que no corresponden que aclaren donde deban aclarar”, también aseguró en ese momento la ministra, pero siete meses después siguen trabajando.

 

El accidente

El pasado 7 de diciembre, los referidos Gonzáles y Zapata protagonizaron un accidente en el kilómetro 1244 de la Ruta Nacional 14. Según un escueto parte policial, Adrián, de 16 años, iba al mando de una moto Honda Titan 150 cc que impactó en la parte posterior de la Chevrolet S10 (GQR-876) perteneciente al Ministerio de Ecología y conducida por González, con Zapata de acompañante. Adrián fue trasladado al Hospital Samic de Oberá, con lesiones.

Lo notable es que la camioneta retratada por la policía no tenía la chapa patente colocada. “Los dos funcionarios son del riñón de Juan Solari, por eso no avanza la investigación. Pese a estar denunciados en Fiscalía de Estado, con causas abiertas, les dan camionetas oficiales para desplazarse”, se manifestó una fuente del Ministerio.

Mientras que la oscura situación en torno de la posible liberación de rutas y zonas para el apeo ilegal y robo de madera parece frenada en Ecología y en Fiscalía de Estado, en el Congreso de la Nación, la senadora Sandra Giménez insistió el año pasado con un proyecto de Ley para penalizar el apeo ilegal de monte nativo, modificando para ello el Código Penal Argentino.

En una suerte de doble estándar, la provincia impulsa el proyecto desde 2014, en base a que “la tala ilegal del monte nativo representa un hecho cotidiano que las Provincias argentinas padecen y enfrentan con la limitación de recursos físicos y económicos. Constituye la causa de la disminución de los recursos naturales en detrimento de la calidad de vida de los pueblos locales, regionales y globales”.

“Ante esta realidad inexorable, urge contar con herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente para prevenir moralmente y reprimir legalmente a quienes con total laxitud y desinterés por los bienes públicos que representan los montes nativos, se alzan día a día, año a año, con gran parte de los recursos naturales que acumulativamente producen un incremento de los pasivos ambientales, provocando un grave impacto socio-ambiental y económico. Es nuestra responsabilidad social la administración de estos recursos naturales y sería poco responsable heredar a las generaciones venideras, semejante deuda ecológica”, señala el escrito de la Senadora, que hizo referencia a una propuesta del propio Ministerio de Ecología ante el Comité Federal de Medio Ambiente (Cofema).[/vc_column_text][vc_facebook type=”box_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]Por Norma Dalmau y colaboradores.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]