ELDORADO. El nuevo juicio contra María Ovando, esta vez por supuestamente “no haber evitado el abuso sexual de dos de sus hijas” e incluso de ser cómplice de “corrupción de menores” comenzó este lunes. De acuerdo con el periodista de Eldorado, Mariano Rojas “al ciudadano común, no le resulta atractiva la figura de María Ovando” y “hay presión de organizaciones de defensa de Derechos Humanos” contra lo que consideran la “criminalización de la pobreza” y el “hostigamiento y persecución” de esta mujer, que estuvo presa abril de 2011 y fines de 2012 por la muerte de su hija Carolina, afectada por un cuadro de desnutrición en un contexto de evidente vulnerabilidad social y abandono por parte del Estado.

“Ovando es una persona que ha trascendido las fronteras de Eldorado, con este episodio vivido hace una década atrás”, comentó el periodista Mariano Rojas, en diálogo con MisionesCuatro. Según reveló la investigación en 2015, “con la abuela que cuenta que habría abusos sexuales hacia las niñas (hijas) de Ovando”.

Según Rojas, “la investigación se circunscribe a Ovando, (Marcos) Laurindo (pareja de María) y (Sebastián) Ferreyra (un amigo de Laurindo)”. Estos dos “aguardaron detenidos el juicio”, no así Ovando, a quien “la imputan por supuestamente haber omitido las denuncias”. “Según la fiscalía, la situación sería complicada para las tres personas”, agregó.

Cruces entre fiscalía y defensa

En tanto, “desde la defensa sostienen que no existen argumentos para procesarla a Ovando y que no se habrían cumplido los pasos (legales para la imputación) El defensor de Laurindo y Ferreyra presentó un pedido de nulidad (de este juicio). La defensa de Ovando presentó un informe que rebatía ese informe de la Cámara Gesell. (Y en la primera audiencia) hubo un fuerte cruce entre fiscalía y defensa”, comentó el periodista.

Asimismo, Rojas confirmó que “la parte acusatoria entiende que al menos hubo corrupción de menores”, una acusación que extienden a Ovando.

“La sociedad está partida respecto de Ovando, mucha gente entiende que es una persona que nunca debió recuperar la libertad” en la causa por supuesto abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, pero “otros sostienen que hubo criminalización de la pobreza”, relató Rojas. “Al ciudadano común, no le resulta atractiva la figura de María Ovando y no le cerró” la absolución en la causa por la muerte de su hija en 2013.

Cabe recordar que Ovando estuvo presa por casi dos años porque su hija Carolina, de tres años, murió por desnutrición y la culparon por no haber evitado esa muerte. En ese momento María vivía en la extrema pobreza en una precaria vivienda en la zona rural de Colonia Mado, no recibía ninguna ayuda estatal y no tenía trabajo formal. De hecho, está probado que estando embarazada picaba piedras en una cantera para el gobierno municipal y le pagaban en negro.

En noviembre de 2012 el Tribunal Penal N° 1 de Eldorado la absolvió en el juicio por “abandono de persona”. Ello en el marco de una fuerte movilización pública de organizaciones de defensa de los DDHH y de organizaciones feministas. Ese año el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans se hizo en la ciudad de Posadas y el pedido de libertad para María Ovando se volvió una causa nacional.

Lo que plantea la defensa de Ovando

Al respecto de este nuevo juicio, la Dra. Roxana Rivas, defensora de Ovando en la causa por el abandono de persona, advirtió sobre la persecución judicial que sufre la mujer analfabeta. “A María la acusan por no cumplir con su deber de madre y no hay pruebas en su contra. Misiones tiene el índice más alto de abusos intrafamiliares y las madres no son procesadas como María. ¿Cómo haces para evitar que abusen de tus hijas si vos no sabés que está pasando?”, explicó Rivas a LatFem

Según el planteo de Rivas y del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, Ovando está acusada (otra vez) de un tipo específico criminal que recae sobre todas las mujeres, el de ser “mala madre”. Ahora la juzgan por no haber impedido un hecho del cual, además, la fiscalía no ofrece precisiones respecto de cómo ni cuándo ocurrió. De acuerdo con la defensa, hay un modelo imposible de maternidad patriarcal que plantea un desempeño ideal, el cual, en la mayoría de los casos, no coincide con los recursos económicos, sociales y culturales que tienen la mayoría de las madres. Especialmente en el interior de Misiones.

La causa judicial está caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”. Dos hombres, amigos de su familia, están detenidos de manera preventiva desde hace cinco años en la Unidad Penal III de Eldorado. Para el Poder Judicial, María Ovando fue “facilitadora o encubridora” de los abusos. La denuncia penal que dio lugar a que se inicie la instrucción de la causa fue realizada en 2015 por la abuela y bisabuela paterna de las niñas, quien reclamó la tenencia y guarda de ellas. Las nenas en ese momento tenían 5 y 9 años.

Cuestionamientos a la ex jueza de familia Potschka

En esta causa por “abuso sexual con acceso carnal” de las niñas que en ese momento tenían 5 y 9 años de edad, en el que Ovando está imputada por como “encubridora o facilitadora” de las violaciones y por “corrupción de menores”, para la defensa, hay sospechas de que el perpetrador de los abusos fue el abuelo paterno que estaba a cargo de ellas. Pero la justicia misionera nunca se investigó esta hipótesis. Y apuntó los cañones contra el entorno de Ovando.

“Es grave la situación de María y de las niñas. La Justicia perdió la oportunidad de investigar quienes fueron sus abusadores”, agregó su abogada. Asimismo, Rivas vinculó esta nueva causa penal con una “fuerte presión para que abandonemos el proceso civil. Es un disciplinamiento para María, para nosotras y para todas las personas que quieren reclamarle al Estado”, dijo a LatFem la abogada.

Ovando, que tiene 12 hijos, jamás fue liberada de la mirada y vigilancia del sistema judicial de Misiones, según plantean desde organizaciones feministas y de defensa de los DDHH. Para estas organizaciones, hay un hostigamiento constante y sistemático.

“María naturalizó que debiera comparecer cada mes o cada dos semanas junto a sus hijos ante la jueza Margarita Potschka, quien no la notificaba por cédula u oficio sino le enviaba la policía, temprano a la mañana para ser llevados sin muchas explicaciones ante ella. También y sin ningún derecho ni facultad que le permitiera la llevaban ante los médicos del hospital local para que los controlara. Nunca observó en este tiempo ningún signo de abuso en las niñas”, denunciaron sus defensores, Rivas y Eduardo Paredes, en un escrito dado a conocer previo al inicio del juicio.