[vc_row][vc_column][vc_column_text]El psiquiatra Oscar Krimer recordó que en 2012, se inauguró un Módulo de Contención y Pabellón de Seguridad de la Unidad Penal pero el Comité de Prevención de la Tortura de la Cámara de Representantes, ahora informa que los inimputables están alojados en malas condiciones y en virtud de ello, el Ministerio de Gobierno busca trasladarlos al Hospital Carillo. “Es esquizofrénico que se informe una cosa a la opinión pública y todo lo contrario (a los profesionales del Carrillo). “Tendría que ser el gobierno el que informe sobre los problemas y proyectos (para los inimputables)”, explicó.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS. “No ha quedado explicitada la posición del gobierno. Se quiere reactualizar el traslado del pabellón de los inimputables, pero no tenemos información”, advirtió el psiquiatra Oscar Krimer, que puso de relieve que hay incongruencias y posiciones hasta “esquizofrénicas” del gobierno respecto de la situación de los inimputables alojados en el penal de Loreto, que el Ministerio de Gobierno pretende trasladar al Hospital Carrillo de Posadas. Krimer recordó que en 2012-2013 “se inauguró” un Módulo de Contención y Pabellón de Seguridad de la Unidad Penal pero el Comité de Prevención de la Tortura de la Cámara de Representantes, ahora informa que los inimputables están alojados en malas condiciones y requieren el traslado.
Krimer planteó que el gobierno debe explicitar su postura respecto a “debatir públicamente” el traslado de los inimputables al Carrillo, aunque “no sea el momento adecuado reactualizar la cuestión” debido a la campaña electoral de este año. “Inicialmente la planteó como una cuestión unilateral y jerárquica”, donde desde el Ministerio de Gobierno “decían que estaba todo cocinado. Las prácticas sociales deben ser debatidas públicamente, con participación de los trabajadores, especialmente, con los trabajadores que tienen formación técnica y prácticas históricas y con derecho a debatir. Es enriquecedor para un gobierno, aceptar múltiples opiniones respecto del tratamiento más adecuado a personas con situaciones de inimputabilidad”, enfatizó el psiquiatra, que llamó la atención a que, en la práctica, por el contexto institucional y jurídico reinante en la provincia y en el país, los condenados inimputables “pasan la mayor parte de su vida en instituciones. Es inhabitual que los jueces firmen salidas a inimputables, que terminan falleciendo en los penales”, subrayó.
En este sentido, Krimer abogó por la creación de instituciones y programas de salud mental específicos como el de Ezeiza, donde han sido trasladados los internos de los psiquiátricos del Borda y del Belgrano (Capital Federal). Se debe crear instituciones adecuadas, en el marco de un proyecto de salud mental, participativo y con un presupuesto y trabajo definido”, sentenció.
Al respecto de la situación con los más de 50 inimputables que se encuentran en el penal de Loreto, Krimer recordó que el gobierno ha hecho publicidad con la inauguración de un Módulo de Contención y Pabellón de Seguridad de la Unidad Penal durante la gestión de Maurice Closs en 2012 –el entonces gobernador inauguró el pabellón “de avanzada”-, con “habitaciones individuales para los pacientes, una notable mejora en las condiciones sanitarias y un equipo interdisciplinario. Esto consta en los diarios de 2012-2013. Ahora en 2017, resulta que se dio todo lo contrario (a ese proyecto)”, fustigó Krimer, recordando que según un informe del Comité contra la Tortura que depende de la Legislatura provincial, en el penal de Loreto, ocurre lo contrario.
“Es esquizofrénico que a la opinión pública se informe una cosa sobre estas personas (los inimputables) que están en una situación de enclaustramiento y secreto -nadie tiene la posibilidad de saber cómo se los atiende- y los que acceden nos informan todo lo contrario de lo que ha publicitado el gobierno. Como ambos forman están vinculados al gobierno (la administración Closs y el Comtié Anti-Tortura), tendría que ser el gobierno el que informe sobre cuáles son los problemas y los proyectos (con los inimputables)”, sentenció Krimer, exponiendo el doble discurso del gobierno provincial en torno a los inimputables.
“Es una responsabilidad política del Ejecutivo, planificar y organizar la atención de las personas inimputables que son pacientes que merecen la mejor atención posible, con la mejor calidad técnica”, precisó.
Por otra parte, Krimer insistió en que el traslado está enmarcado en un proceso de deterioro y precarización del sector público de salud, concretamente, en el Hospital Carrillo, donde ya se verifican condiciones “graves problemas sanitarios” y de infraestructura, y donde “la mayor parte del trabajo lo hacen residentes” y “no se reponen los cargos de los profesionales que se van yendo de la institución”.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]JMM.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
