En una orden ejecutiva, el presidente de Estados Unidos, anunció que su país va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación. 

Además, la Casa Blanca autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos, lo que también afectará al resto de la familia de los funcionaros sancionados.

“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado.

En el documento, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y rechazó reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal estadounidense.