La alta comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos, cuya oficina elaboró el informe, presentó
formalmente este viernes el documento en el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Ginebra, donde dijo que los venezolanos “merecen una vida mejor”.
“El destino de más
de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su
habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición
ideológica o política”, señaló en su
discurso de presentación del texto.
El informe, publicado ayer, acusa al gobierno de Maduro de “graves vulneraciones de derechos” y
documenta, entre otros hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por
parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de
2019.
Estos delitos “deben
ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y
garantizando su no repetición”, afirmó la alta comisionada, citada por la
agencia de noticias EFE.
La delegación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos
rechazó el informe. El documento “está dominado por una visión selectiva y
parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos”, declaró
el vicecanciller venezolano, William Castillo, en su réplica a Bachelet.
“Usted sabe que el
informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país”, añadió el diplomático en alusión al viaje que Bachelet hizo a Venezuela el mes pasado, durante el
cual se reunió con Maduro.
Castillo argumentó sus críticas en el hecho de que de las 558
entrevistas realizadas para la elaboración de su informe, 460 tuvieron lugar
fuera de Venezuela.
Bachelet explicó previamente que las mismas fueron con
migrantes y refugiados venezolanos actualmente en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Perú y España.
Además, el documento “ignora los graves impactos” sobre el
pueblo venezolano de las sanciones económicas impuestas en los últimos años por
Estados Unidos, añadió el viceministro, quien exigió una “corrección de su
contenido”.
El informe agrega que, especialmente desde 2016, el gobierno
de Maduro puso en marcha una estrategia “orientada
a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política con detenciones
arbitrarias, malos tratos y torturas”.
El viceministro señaló al respecto que “Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de
seguridad y de las fuerzas armadas nacionales”.
“Se busca que el
Estado permanezca inerme cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional,
planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población
civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el
presidente estadounidense, Donald Trump”, concluyó.
Venezuela rechaza el informe de la ONU que acusa al gobierno de violación de derechos
cargando anuncio