Según el diario La Nación, durante los últimos dieciséis meses, la ex-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) impulsó una investigación administrativa contra las principales constructoras de la Argentina por su cartelización en perjuicio de las arcas públicas, proceso que podría concluir con la aplicación de multas multimillonarias contra las empresas involucradas.

La investigación por presuntas “conductas anticompetitivas” apunta contra las firmas que integran el “club de la obra pública” en la órbita nacional, algunos de cuyos máximos ejecutivos se acogieron al régimen del “arrepentido” en la pesquisa judicial que comenzó con los cuadernos del exchofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno .

El “expediente” -como prefieren calificarlo en la CNDC- se inició en septiembre de 2018; es decir, siete semanas después de que estallara el escándalo por los cuadernos de la corrupción. Se registró bajo el número 45873451/18, tras una “solicitud de intervención” que remitió la Secretaría de Comercio, que por ley es la autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia.

La investigación quedó a cargo de la directora nacional de Conductas Anticompetitivas, Silvia Mariel Babnik, y se encuentra en la fase probatoria, que incluye citar testigos, recolectar evidencias y documentación respaldatoria, y disponer los primeros traslados a las empresas.

Con todas las que fueron sus autoridades durante la gestión de Mauricio Macri ya fuera del organismo, la ex-CNDC espera ahora el arribo de quienes tomarán las riendas con la nueva administración. Pero el criterio de confidencialidad se mantiene, por eso no trascendió cuáles son las empresas investigadas.

Por lo pronto, uno de los primeros y más importantes “arrepentidos” en la causa de los cuadernos fue el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Enrique Wagner, quien confesó ante el juez federal Claudio Bonadio cómo las constructoras se repartieron los contratos y pagaron sobornos por entre el 10 y el 20 por ciento del valor de cada proyecto.

Dueño de la constructora Esuco, Wagner precisó que el “club de la obra pública” definía qué empresas debían presentarse en cada licitación, cuál debía ganar, cuál presentaría la segunda mejor oferta y “acompañaría” la licitación para que pareciera competitiva, cuál sería subcontratada y que las restantes debían esperar hasta la siguiente licitación. “Todos sabían que yo era el amigo de [el entonces ministro, Julio] De Vido”, confesó Wagner. “En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente [Néstor Kirchner] debía garantizar en forma personal el éxito acorde con los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública, me dijo, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.